Anticorrupción denuncia un "fraude generalizado" en las ayudas del lino
El Gobierno negó que hubiera irregularidades
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un escrito remitido ayer a la Oficina Europea de Lucha Antifraude que ha existido "un fraude generalizado, más que meras irregularidades, en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil". De estas subvenciones se beneficiaron algunos cargos del Gobierno del PP, que siempre negó las irregularidades. Anticorrupción ha anunciado que emprenderá acciones penales, aunque sin precisar contra quién. La investigación se recoge en 138 tomos con 44.507 folios.
La investigación surgió a raíz de un escrito que la fisca...
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un escrito remitido ayer a la Oficina Europea de Lucha Antifraude que ha existido "un fraude generalizado, más que meras irregularidades, en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil". De estas subvenciones se beneficiaron algunos cargos del Gobierno del PP, que siempre negó las irregularidades. Anticorrupción ha anunciado que emprenderá acciones penales, aunque sin precisar contra quién. La investigación se recoge en 138 tomos con 44.507 folios.
La investigación surgió a raíz de un escrito que la fiscalía recibió el 7 de junio de 1999 de la Oficina Europea Antifraude, en el que solicitaba información sobre irregularidades en las ayudas del lino en España: la superficie cultivada se había multiplicado por 500 en sólo seis años (de 186 hectáreas en 1993 pasó a más de 91.000 en 1999) y de 23 millones en subvenciones se pasó a más de 10.000 millones. La cuantía de las ayudas europeas al lino -cinco veces superiores a las de los cereales- y el escaso control sobre la producción favoreció el auge de este cultivo. La fiscalía considera que las empresas transformadoras falsearon las cifras de lino tratado para beneficiarse junto a los cultivadores. Pese a que Bruselas alertó el 28 de enero de 1999 al Ministerio de Agricultura sobre la existencia de cazaprimas en torno al lino, el departamento de Loyola de Palacio no tomó medidas. Cuando se destaparon las irregularidades, cuatro altos cargos del PP reconocieron que tenían negocios familiares relacionados con el lino. Dos de ellos dimitieron. El Congreso creó una subcomisión de investigación que se cerró sin sanciones para los que aprovecharon las subvenciones. El diputado del PP presente en aquella comisión, Jaime Ignacio del Burgo, acusó ayer a la fiscalía de "clara y manifiesta arbitrariedad" y de conculcar derechos al poner "a ojos de los españoles a todos los agricultores que cultivaron lino como presuntos delincuentes".