La falta de jueces y fondos amenazan los juicios rápidos
La Junta de Andalucía calcula que faltan por cubrir las vacantes de 55 (hasta 70 si se incluyen los juzgados de lo Civil y otros) jueces y 67 secretarios en la región. Se prevé la llegada de cinco jueces y otros tantos fiscales a la región por decisión del Gobierno central, desde todo punto de vista insuficiente para garantizar la adecuada impartición de justicia y, especialmente, ante la inminente entrada en vigor de la ley sobre juicios rápidos que necesita de un número alto de personal.
Todo el engranaje previsto para celebrar juicios rápidos se viene abajo si no hay profesionales su...
La Junta de Andalucía calcula que faltan por cubrir las vacantes de 55 (hasta 70 si se incluyen los juzgados de lo Civil y otros) jueces y 67 secretarios en la región. Se prevé la llegada de cinco jueces y otros tantos fiscales a la región por decisión del Gobierno central, desde todo punto de vista insuficiente para garantizar la adecuada impartición de justicia y, especialmente, ante la inminente entrada en vigor de la ley sobre juicios rápidos que necesita de un número alto de personal.
Todo el engranaje previsto para celebrar juicios rápidos se viene abajo si no hay profesionales suficientes. Altos cargos de la Consejería de Justicia creen que la carencia de profesionales llevará ineludiblemente a que los denominados juicios rápidos tan sólo tengan lugar en las capitales.
Hasta el momento, lo único que ha producido el Ministerio de Justicia es un borrador de Orden sobre la distribución de personal para los juzgados de Guardia y de Faltas que se necesitan para aplicar la ley que entrará en vigor el próximo día 28. Estas guardias, fijadas en un reglamento del Consejo General del Poder Judicial del pasado marzo, podrán ser revisadas y actualizadas por las comunidades con competencias en Justicia. Pero el tiempo cada vez es más escaso.
Por otro lado, la Junta ha calculado el gasto que supondrá poner los medios para que funcione la ley en más de cuatro millones de euros. Al no haber memoria económica en la ley estatal, estos fondos saldrán de las arcas de la Junta, lo que, admiten desde la Consejería, afectará al desarrollo de otros proyectos.