El fiscal pide 6 años a tres empresarios ilicitanos por incendiar su propia fábrica
Los responsables de la empresa de calzado Tervan, SL, Luis R. B, Ramón R. M. y Ramón Rogelio M. B., negaron ayer durante la celebración del juicio en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en Elche, la imputación del fiscal que les acusa de ser los autores del incendio intencionado de su propia fábrica en 1994, para cobrar la indemnización del seguro. El ministerio público pide seis años para cada uno de ellos por los delitos de incendio y estafa, así como la devolución de las cantidades a las aseguradoras.
El fiscal considera que los tres acusados son autores del incendio decla...
Los responsables de la empresa de calzado Tervan, SL, Luis R. B, Ramón R. M. y Ramón Rogelio M. B., negaron ayer durante la celebración del juicio en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en Elche, la imputación del fiscal que les acusa de ser los autores del incendio intencionado de su propia fábrica en 1994, para cobrar la indemnización del seguro. El ministerio público pide seis años para cada uno de ellos por los delitos de incendio y estafa, así como la devolución de las cantidades a las aseguradoras.
El fiscal considera que los tres acusados son autores del incendio declarado el 18 de julio de 1994, que calcinó la factoría. La acusación estima que los imputados penetraron en la nave industrial con las llaves y crearon tres focos de fuego, que consumió la industria.
La compañía de seguros Plus Ultra abonó a los empresarios 333.675 euros y la entidad Catalana Occidente otros 26.985 euros a un vecino de la empresa por los daños ocasionados en su casa.
La empresa, tras el incendio, dejó pendiente de pago a la Seguridad Social 288.903 euros; mientras que el Fondo de Garantía Salarial tuvo que abonar 155.275 euros a los 16 trabajadores que se quedaron sin empleo. El abogado del Estado también reclama estas cantidades a los imputados.
El fiscal recuerda que dos meses y medio antes del incendio, el hijo de uno de los acusados creó otra sociedad para la fabricación de calzado, Azahara Bott, SL. "A raíz del incendio se les ofreció a todos los trabajadores de Tervan, SL, seguir trabajando en la empresa Azahara, pero a cambio de perdonar la parte que aquella debía abonarles a consecuencia del despido". Es más, el fiscal asegura que parte de la maquinaria de la empresa incendiada fue reutilizada en la segunda sociedad formada por los imputados.
El fiscal interrogó ayer a varios testigos, que vieron a Ramón Rogelio en el lugar del siniestro, y a los agentes de la Policía Nacional que investigaron los hechos. Los agentes aclararon ante el tribunal que las primeras pesquisas surgieron de la investigación del crimen de la joven ilicitana Trinidad Agulló, asesinada en mayo de 1996, novia de uno de los acusados. A raíz de estas pesquisas, y gracias a las escuchas telefónicas, se descubrió las primeras pistas sobre el incendio.
El letrado de la defensa, Antonio Martínez Camacho, indicó que algunos de los testigos desmintieron los testimonios de los agentes en cuanto a una de las pistas determinantes del caso, una de las escobillas de la rueda de un vehículo que fue visto huir del lugar del fuego.
No obstante, el más joven de los acusados no pudo explicar por qué se encontraba en las inmediaciones de la fábrica minutos después de iniciarse el incendio, a la una de la madrugada de un domingo.