El Poder Judicial suspende siete meses a la juez que presionó para excarcelar a Conde
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer siete meses de suspensión en sus funciones a la magistrada María del Prado Torrecilla por una falta muy grave, consistente en presionar a otros jueces para excarcelar al ex presidente de Banesto Mario Conde, que cumple condena de 20 años de cárcel. El pleno aprobó también el informe que apoya, con matices, la reforma de 160 artículos del Código Penal.
El pleno del Poder Judicial acordó sancionar a Torrecilla por unanimidad, al considerarla autora de una falta muy grave, pero se dividió sobre la pena, que puede ir desde l...
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer siete meses de suspensión en sus funciones a la magistrada María del Prado Torrecilla por una falta muy grave, consistente en presionar a otros jueces para excarcelar al ex presidente de Banesto Mario Conde, que cumple condena de 20 años de cárcel. El pleno aprobó también el informe que apoya, con matices, la reforma de 160 artículos del Código Penal.
El pleno del Poder Judicial acordó sancionar a Torrecilla por unanimidad, al considerarla autora de una falta muy grave, pero se dividió sobre la pena, que puede ir desde la suspensión por un máximo de tres años hasta la separación de la carrera.
10 votos (los vocales propuestos por el PP) apoyaron la sanción de siete meses, mientras que nueve (los vocales propuestos por el PSOE, IU y conjuntamente por PP y PSOE) apoyaron la petición de la comisión disciplinaria de suspender a la juez dos años. La propuesta conciliadora del vocal Javier Martínez Lázaro, de un año de suspensión, no obtuvo la mayoría necesaria.
El hecho de que la suspensión exceda de seis meses implica que la magistrada perderá su actual destino como juez de vigilancia penitenciaria de Madrid y, una vez cumplida la sanción, tendrá que optar a ocupar una vacante.
Por unanimidad, el pleno suspendió por un año a la magistrada María del Coro Cillán, de la Audiencia Provincial de San Sebastián, que ya cumple otra sanción de dos años, impuesta en 2002 por el Poder Judicial. En ambos casos se castiga el retraso "injustificado y reiterado" en la tramitación judicial.
Arresto de fin de semana
La cuarta y última de las reformas penales propuestas hasta ahora por el Gobierno -la que modifica 160 artículos del Código Penal y sustituye la pena de arresto de fin de semana por la de prisión desde tres meses- fue informada favorablemente por la mayoría del Consejo. El informe elaborado por el conservador Adolfo Prego justifica la supresión de los arrestos de fin de semana en "su posible ineficacia", entre otros motivos.
Los progresistas Martínez Lázaro y Ángeles García criticaron la sustitución de esa pena por las de prisión para pequeños delitos, dado el posible fomento del delito de estas últimas, mientras que los arrestos de fin de semana, aprovechando los permisos carcelarios, constituyen una buena alternativa a la prisión avalada por la doctrina.
La habitual mayoría de 12 votos conservadores frente a nueve progresistas varió en esta ocasión. Sólo votaron en contra cuatro vocales de este último sector. Los demás se encontraban en la concentración de 15 minutos contra la guerra a la puerta del Consejo. La vocal Montserrat Comas se quejó de que el presidente no suspendiera el pleno, a diferencia de otras ocasiones en que se protestaba contra el terrorismo.