El Parlament exige al Gobierno de CiU que asuma más responsabilidades por los sondeos
El PP y la izquierda instan a Pujol a "mover ficha" si quiere evitar una investigación
Lejos de remitir, el escándalo por la manipulación de encuestas oficiales por parte del Gobierno catalán subió ayer otro peldaño: el pleno del Parlament aprobó, con la abstención de Convergència i Unió (CiU), una moción que exhorta al Ejecutivo de Jordi Pujol a asumir más responsabilidades. La izquierda y el PP hicieron causa común para criticar la gravedad de los hechos y exigir que "de forma inmediata" se determinen las "responsabilidades políticas, jurídicas o administrativas". Los populares exigen a CiU que "mueva ficha" con celeridad si quiere evitar una comisión de investigación.
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Lejos de remitir, el escándalo por la manipulación de encuestas oficiales por parte del Gobierno catalán subió ayer otro peldaño: el pleno del Parlament aprobó, con la abstención de Convergència i Unió (CiU), una moción que exhorta al Ejecutivo de Jordi Pujol a asumir más responsabilidades. La izquierda y el PP hicieron causa común para criticar la gravedad de los hechos y exigir que "de forma inmediata" se determinen las "responsabilidades políticas, jurídicas o administrativas". Los populares exigen a CiU que "mueva ficha" con celeridad si quiere evitar una comisión de investigación.
Volvió a haber cuatro contra uno en el Parlamento catalán: todos los grupos, salvo CiU, se unieron para aprobar una moción del PP -pactada a última hora con Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)- que impide al Ejecutivo de Jordi Pujol dar por cerrada la crisis por la manipulación de encuestas oficiales. Tanto los grupos de izquierda como el PP exigen que se identifique y se destituya al responsable de los reiterados episodios de manipulación, ocultación, mutilación e incluso invención de sondeos y, sotto voce, señalan como responsable a David Madí, número dos del conseller en cap, Artur Mas.
Pese a la presión, CiU se resiste a destituir al hombre de confianza de Mas, cuya autoridad en el seno de la federación y del Gobierno se está viendo afectada por la crisis. Pujol ha tomado directamente las riendas para salir del atolladero y dirige personalmente la negociación con el presidente regional del PP, Josep Piqué, para tratar de evitar la temida comisión de investigación. No obstante, el líder del PP sigue firme y ha trasladado en varias ocasiones a Pujol que el apoyo del PP a la comisión de investigación será inevitable si no hay nuevos gestos por parte del Ejecutivo, según fuentes de este partido.
Abstención de CiU
CiU sopesó ayer hasta el último momento la posibilidad de sumarse a la moción del resto de grupos para no quedar en minoría, pero al final se abstuvo. Los máximos dirigentes de la federación, que mantuvieron varias reuniones a lo largo del día para analizar la crisis de las encuestas, optaron por la abstención para que quedara constancia del pacto entre la izquierda y el PP, y tratar de rentabilizar políticamente este acuerdo contra natura. Convergència justificó su abstención por la negativa a retirar la palabra ocultación de la moción y sustituirla por omisión.
La junta de portavoces de la Cámara analizará el próximo martes la petición de la izquierda de crear una comisión de investigación. "Si el Gobierno no ha variado su postura y no ha hecho nada, obviamente tendremos que apoyar la petición de la izquierda de que se cree una comisión de investigación", afirmó el portavoz adjunto del grupo del PP, Daniel Sirera. El eventual apoyo del PP el martes a su tramitación no supondría aún el visto bueno definitivo a la comisión: CiU todavía tendría ocho días para intentar frenarla, puesto que no se votaría hasta el pleno del 26 de marzo.
Pujol ha asumido el reto de tratar de hacer variar la postura del PP, y en este partido todos dan por hecho que se dirigirá a la calle de Génova de Madrid, sede nacional del partido, si las conversaciones con Piqué no dan frutos. Varios dirigentes de Convergència pusieron ayer aún más piedras sobre el camino al arremeter severamente contra el PP por sumarse a iniciativas que a su juicio "benefician a los socialistas".
El texto aprobado por la Cámara insta al Consell Executiu a "concluir de forma inmediata las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades políticas, jurídicas o administrativas que puedan derivarse como consecuencia de la alteración y ocultación de las encuestas y estudios de opinión encargados por la Generalitat". En el debate, la izquierda y el PP se emplearon con igual dureza y consideraron "gravísimas" las irregularidades y a considerar insuficientes las medidas tomadas por el Ejecutivo para evitar que vuelvan a producirse.
El popular Daniel Sirera, promotor de la moción, dijo que estaba en juego la credibilidad de las instituciones: "Queremos saber quién manipuló", proclamó el dirigente del PP. A su juicio, la aprobación de la moción forzará que el Ejecutivo dé explicaciones sobre "quién manipulaba, quién recortaba mal o quién miraba hacia otro lado".
Rafael Ribó, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), se mostró escandalizado por la falta de explicaciones del Ejecutivo, mientras que el socialista David Pérez subrayó el trasfondo político de todas las manipulaciones detectadas.Especialmente contundente se mostró el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, quien acusó de las manipulaciones y las ocultaciones a los "aprendices de brujo" próximos al conseller en cap. Una parte del material que se entregó mutilado al Parlament fue solicitado precisamente por Ridao, quien exhibió uno de los estudios que se le entregó cortado. "Al índice le faltan dos epígrafes y, por tonta que sea la fotocopiadora, esto no puede hacerlo", afirmó el dirigente de ERC en referencia irónica a las explicaciones dadas la semana pasada por el conseller en cap.
CiU eligió a un democristiano -Jordi Casas- para defender al Gobierno y transmitir así una imagen de unidad de la federación. Unió se ha visto perjudicada directamente en varios episodios relacionados con encuestas de la Generalitat. La valoración del líder de UDC, Josep Antoni Duran, fue rebajada en una ocasión y ocultada en otra, justo cuando competía con Mas por la candidatura de CiU a la presidencia de la Generalitat. Y un estudio electoral encargado por el Gobierno daba consejos a Convergència en perjuicio de sus socios.
"Pocas luces"
Pese a ello, Casas reiteró punto por punto las argumentaciones esgrimidas por CDC, que admite la existencia de "errores" pero niega cualquier manipulación y considera que son "muy pocos cuantitativamente". Casas añadió que si la polémica sigue viva es por la voluntad de la oposición de "erosionar" al Gobierno, lo cual revela que "la campaña electoral ya ha empezado". Eso sí, el dirigente democristiano no dejó pasar la ocasión para subrayar que si alguien ha manipulado, forzosamente se trata de una persona "de pocas luces".
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acusó ayer al líder socialista, Pasqual Maragall, de utilizar de forma "mezquina" los "errores" en los sondeos oficiales, informa Efe. En una entrevista a Radio Teletaxi, Pujol dijo que Maragall hizo el ridículo en el pleno del miércoles, cuando le sacó de sus casillas por poner en duda la legalidad del nombramiento de Mas como conseller en cap y lo relacionó con la manipulación de encuestas. A su juicio, Maragall es uno de "aquellos políticos que hacen cosas pequeñas y mezquinas" en vez de entrar en "debates de ideas y propuestas".
El líder de CiU dijo que la polémica de las encuestas es "muy menor" y que se "exagera", pero reiteró su promesa de resolverla: "Tenemos la obligación, yo y Mas como responsables de Presidencia, de aclarar lo sucedido, explicarlo y corregirlo, que es lo que estamos haciendo".
La moción que ayer aprobó la Cámara supone un primer paso inmediato para evitar casos similares en el futuro. El texto insta a modificar el decreto que regula las encuestas oficiales para que el Ejecutivo esté obligado a entregar a la Cámara y a cualquier particular las bases de datos completas de sus estudios. Hasta ahora, el Gobierno suele depositar en el registro público únicamente un resumen de los datos, seleccionado por el propio Ejecutivo y raramente da a conocer los cruces entre distintas variables, a lo que ahora estará obligado.
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