El general Galindo, condenado a 71 años por el asesinato de Lasa y Zabala
Dorado y Bayo, únicos encausados que se encuentran en prisión, son
condenados como autores materiales del asesinato de los dos jóvenes. Tanto
el fiscal como las acusaciones han anunciado su intención de pedir el
inmediato ingreso en prisión de los condenados que se encuentran en
libertad. Las penas impuestas son inferiores a las solicitadas por el
fiscal. Los condenados han anunciado su intención de recurrir la sentencia.
Lasa y Zabala fueron secuestrados en Bayona (Francia) el 15 de octubre de
1983. Sus cadáveres fueron hallados en Busot (Alica...
Dorado y Bayo, únicos encausados que se encuentran en prisión, son
condenados como autores materiales del asesinato de los dos jóvenes. Tanto
el fiscal como las acusaciones han anunciado su intención de pedir el
inmediato ingreso en prisión de los condenados que se encuentran en
libertad. Las penas impuestas son inferiores a las solicitadas por el
fiscal. Los condenados han anunciado su intención de recurrir la sentencia.
Lasa y Zabala fueron secuestrados en Bayona (Francia) el 15 de octubre de
1983. Sus cadáveres fueron hallados en Busot (Alicante) en 1985, aunque no
fueron identificados hasta 10 años después. Según la sentencia, los
jóvenes, tras ser secuestrados, fueron trasladados al palacio de La Cumbre,
en San Sebastián, un edificio del Gobierno Civil, donde fueron interrogados
durante varios días. Posteriormente se les trasladó a un paraje solitario
de Busot, donde fueron asesinados con tiros en la cabeza. En los
interrogatorios de La Cumbre participaron en una ocasión Galindo y
Elgorriaga. El texto añade que ambos, en 1983, "al tener conocimiento de
que en el Ministerio del Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar
la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en
el sur de Francia, decidieron intervenir". Los condenados lo son por los
delitos de detención ilegal y asesinato, pero no por los de torturas e
integración en banda armada, por los que el fiscal también pedía la
imposición de penas. El PSOE consideró, en un comunicado, que la sentencia
pone de manifiesto que la guerra sucia contra ETA no fue propiciada ni
asumida por el Gobierno socialista.