Un profesor del Instituto del Agua tacha de "monstruoso" el trasvase del río Castril
Salvo el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nadie parece estar a favor, incluida la ley de protección al patrimonio de Andalucía, del trasvase del río Castril hasta el canal de Jabalcón. El último pronunciamiento contra la obra hidráulica ha sido el de José Manuel Castillo, profesor de Economía de la Universidad de Granada y miembro del Instituto del Agua. A su juicio, la obra constituye no sólo una "barbarie" contra el ecosistema sino un "monstruoso despilfarro económico" y una "flagrante ilegalidad y una inutilidad social".
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Salvo el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nadie parece estar a favor, incluida la ley de protección al patrimonio de Andalucía, del trasvase del río Castril hasta el canal de Jabalcón. El último pronunciamiento contra la obra hidráulica ha sido el de José Manuel Castillo, profesor de Economía de la Universidad de Granada y miembro del Instituto del Agua. A su juicio, la obra constituye no sólo una "barbarie" contra el ecosistema sino un "monstruoso despilfarro económico" y una "flagrante ilegalidad y una inutilidad social".
Esta es al menos el cuarto intente que los archivos registran, desde el año 1775, para trasvasar agua del río Castril. De todas las tentativas anteriores quedan como testimonio los restos de construcción hidráulicas nunca acabadas. La última, auspiciada por la citada confederación, no ha tenido en cuenta la legislación andaluza sobre protección de los espacios históricos y naturales.
El proyecto, recuerda Castillo, consiste en la construcción de una tubería enterrada de hormigón de 20 kilómetros de longitud para llevar el agua desde la presa del Portillo al canal de Jabalcón, atravesando mediante un sistema de sifones del embalse del Negratín. "La obra es claramente ilegal ya que infringiría varias directivas europeas e incluso la propia directiva marco de aguas europeas, que prohibe de hecho la realización de trasvases y, además, establece la recuperación completa de costes en las tarifas exigibles a los usuarios del agua", señala Castillo.
Pero además de atentar contra el espacio natural y el patrimonial (Castril está declarado patrimonio histórico) el proyecto es inviable económicamente. El presupuesto de la licitación es de 22,6 millones de euros pero si se agrega el precio de las expropiaciones la suma no bajará de los 40 millones. "Esta es la cifra inicial pero habrá que añadir las nuevas cantidades derivadas de un replanteamiento, reformado, etcétera. Seguramente no resultará una cantidad inferior a la que sería suficiente para procurar un importantísimo impulso a la modernización de los regadíos de la Hoya de Baza", dijo.