El juez absuelve a cinco miembros del SOC que bloquearon el acceso a una finca
Cinco cooperativistas del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han sido absueltos de delitos de coacciones por impedir el trabajo en una finca de la familia Peralta en Puebla del Río (Sevilla). La sentencia se ampara en que la propiedad del terreno está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Los cinco cooperativistas estaban acusados de delitos de coacciones y usurpación porque el 17 de abril de 1999 impidieron el acceso de los trabajadores y tractores a las fincas Las Esperas, Cortijo de Rojas y Venta la Negra, antiguo terreno público otorgado en 1992 a la familia Peralta....
Cinco cooperativistas del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han sido absueltos de delitos de coacciones por impedir el trabajo en una finca de la familia Peralta en Puebla del Río (Sevilla). La sentencia se ampara en que la propiedad del terreno está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Los cinco cooperativistas estaban acusados de delitos de coacciones y usurpación porque el 17 de abril de 1999 impidieron el acceso de los trabajadores y tractores a las fincas Las Esperas, Cortijo de Rojas y Venta la Negra, antiguo terreno público otorgado en 1992 a la familia Peralta.
La sentencia del juzgado penal 10 se basa en que la propiedad de las fincas no es firme ya que existe un litigio jurídico, pendiente de un último recurso ante el Tribunal Supremo, sobre la calificación del terreno público como marítimo o terrestre, al proceder de obras hidráulicas llevadas a cabo en el siglo XIX en las marismas.
La juez, además, considera que los cooperativistas no llevaron a cabo una usurpación porque tal delito consiste en "ocupar, tomar posesión, apoderarse o habitar una casa" y en este caso "los acusados se limitaron a impedir el paso a los empleados de las entidades indicadas sin violencia a unos terrenos cuya calificación de dominio público o no está pendiente de resolución". La acusación particular que ejerció la familia Peralta solicitó para los cooperativistas un año de prisión y dos multas de 8.654 y 1.081 euros por delitos de usurpación y coacciones, mientras que el fiscal reclamó 240 euros por una falta de coacciones.
En cuanto al delito de coacciones, la sentencia considera que "los acusados se limitaron a impedir el paso de los tractores conducidos por los empleados de la acusación particular para impedirles las labores de abono y siembra", y ello no encuadra en el tipo penal caracterizado por "el despliegue de una conducta violenta, material, física o intimidatoria".