Zaplana descarta cambios en el nuevo subsidio por las alegaciones sindicales

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró ayer que el proyecto de decreto que regula la renta agraria, la nueva prestación diseñada para los jornaleros que se quedaron sin subsidio agrario tras el decretazo de mayo de 2002, no sufrirá ya modificaciones esenciales. UGT y CC OO consideraron el sábado que esa nueva propuesta era suficiente para desconvocar la huelga general en el campo andaluz y extremeño, prevista para el 20 de febrero, y cerrar así el conflicto iniciado tras la promulgación del decretazo. Pero mantienen "objeciones importantes" al texto, que c...

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró ayer que el proyecto de decreto que regula la renta agraria, la nueva prestación diseñada para los jornaleros que se quedaron sin subsidio agrario tras el decretazo de mayo de 2002, no sufrirá ya modificaciones esenciales. UGT y CC OO consideraron el sábado que esa nueva propuesta era suficiente para desconvocar la huelga general en el campo andaluz y extremeño, prevista para el 20 de febrero, y cerrar así el conflicto iniciado tras la promulgación del decretazo. Pero mantienen "objeciones importantes" al texto, que creían posible solucionar en el trámite de alegaciones al proyecto de decreto.

UGT y CC OO dieron su bendición al modelo de "renta agraria" que les comunicó el sábado el Ministerio de Trabajo, tras considerar que garantiza "un derecho subjetivo" a los jornaleros andaluces y extremeños que no pueden acceder al subsidio agrario desde mayo de 2002 -el decretazo cerró el acceso al exigir que el beneficiario haya estado en el sistema en alguno de los tres últimos años-. La renta agraria ofrece, como poco, la misma prestación que el subsidio (el 75% del salario mínimo durante seis meses si acreditan 35 peonadas), y la misma cobertura: como en el subsidio, el Inem cotiza por el jornalero mientras cobra la renta agraria, lo que consolida su derecho a pensión y a bajas por enfermedad.

Pero los sindicatos no ocultaron que algunas nuevas condiciones establecidas a la renta agraria no eran en absoluto de su agrado. El nuevo sistema exige 10 años de residencia en Andalucía o Extremadura, limita el cobro de la renta a seis ocasiones e impide computar como peonadas para alcanzar el mínimo necesario (35) las que los jornaleros echan en obras municipales financiadas por el Estado (el antiguo Plan de Empleo Rural). Los líderes de CC OO, José María Fidalgo, y UGT, Cándido Méndez, aseguraron que agotarán las posibilidades de alegación que les brinda el trámite de audiencia antes de la aprobación del decreto y el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social. Sobre la exigencia de empadronamiento, Méndez y Fidalgo sugirieron incluso que tenían informes jurídicos que ponían en duda su constitucionalidad.

Cortes de carreteras

Zaplana dejó ayer poco margen a nuevos cambios. En declaraciones a la agencia Efe, aseguró que no hay previsión de modificar la propuesta. El ministro recalcó que el trámite de audiencia "no es un proceso de negociación", sino de "diálogo, estudio y discusión". Y consideró poco probable que prosperen las principales alegaciones sindicales.

El ministro calificó de "extremadamente positiva" la reacción de los sindicatos y partidos políticos al proyecto de decreto, lo que, a su juicio, constituye una señal de que "es una buena propuesta".

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC), con una implantación significativa entre los jornaleros, coincidió ayer con los sindicatos mayoritarios en el análisis de qué puntos de la renta agraria hay que cambiar. Pero eligió una estrategia diferente. "Desconvocar la huelga del 20 de febrero ha sido un error de cálculo", aseguró el secretario general del SOC, Diego Cañamero.

Unos cuatrocientos representantes jornaleros procedentes de 110 pueblos decidieron ayer en una asamblea celebrada en La Lantejuela (Sevilla) seguir con las movilizaciones para forzar los cambios en el decreto que UGT y CC OO intentarán por la vía de las alegaciones. "Lo que se ha conseguido es muy importante, casi el 90%, pero el Gobierno todavía tiene margen para cambiar el otro 10%, que también es muy importante", indicó Cañamero.

El SOC decidió organizar cortes en las principales carreteras andaluzas el próximo viernes, aunque hoy intentará contactar con Trabajo para expresar su postura.