La oposición logra que se amplíe la comisión de Mercalicante y pide que comparezca Clavero

La comisión de investigación de Mercalicante, que oficialmente debía concluir ayer, decidió prorrogar sus indagaciones a propuesta del PSPV y Esquerra Unida ante la dificultad para desentrañar la trama financiera que desembocó en la ruina de esta empresa de capital público, de la que se han esfumado unos seis millones de euros. La oposición consideró que hay "demasiadas lagunas" para cerrar las indagaciones y propuso nuevas comparecencias, entre otras, la del ex gerente Emilio Clavero, a quien Mercalicante imputa el delito de apropiación indebida.

En la sesión de ayer, la oposición dest...

La comisión de investigación de Mercalicante, que oficialmente debía concluir ayer, decidió prorrogar sus indagaciones a propuesta del PSPV y Esquerra Unida ante la dificultad para desentrañar la trama financiera que desembocó en la ruina de esta empresa de capital público, de la que se han esfumado unos seis millones de euros. La oposición consideró que hay "demasiadas lagunas" para cerrar las indagaciones y propuso nuevas comparecencias, entre otras, la del ex gerente Emilio Clavero, a quien Mercalicante imputa el delito de apropiación indebida.

En la sesión de ayer, la oposición destapó varias irregularidades en la concesión de ayudas públicas -de la Generalitat y del Gobierno- a Mercalicante. Los socialistas pidieron la comparecencia del director general de la Consejería de Agricultura, para que explicara por qué no se controlaron las subvenciones, pero esa solicitud fue rechazada por la presidencia de la comisión, que encarna la edil del PP María Teresa Revenga, con el pretexto de que en las Cortes ya se tramitan comparecencias en el mismo sentido.

Blas Bernal, portavoz socialista, expuso los siguientes argumentos para justificar la ampliación de las indagaciones: "ni siquiera hemos podido ver el libro de contabilidad de Mercalicante", en poder del Juzgado, y "creemos que deben comparecer el ex gerente Emilio Clavero; un alto cargo de Sanidad en Alicante, José Luis Ortuño, que se vio favorecido con el patrocinio de Mercalicante en una carrera de coches; y los responsables de la empresa Tenos, implicada en el escándalo". Revenga sólo aceptó cursar solicitud de comparecencia a Ortuño.

La portavoz de Esquerra Unida, Camino Remiro, insistió en que la comisión no puede cerrarse sin conocer elementos tan claves como la contabilidad de la empresa y la cuenta de la gerencia. "Ésas y otras lagunas me impiden realizar una valoración final del caso", dijo la edil. Los comisionados acordaron pedir autorización al juez para ver las cuentas.

El concejal del PP José María Rodríguez Galant engordó la trama al mostrar sus sospechas sobre una supuesta connivencia entre Clavero y las entidades Safei y Caixa Catalunya,con las que Clavero contrató dos pólizas en el año 2000 por valor de unos tres millones de euros. El préstamo con Caixa Catalunya lo firmó el vicepresidente de Mercalicante y edil del PP Juan Zaragoza antes de que lo autorizara la comisión ejecutiva. El hecho de que ese crédito no tuviera caracter finalista, es decir, que se pidiera para aliviar la tesorería, demuestra, según el socialista Bernal, que el PP conocía desde 2000 la precaria situación de la firma pública.

A puerta cerrada y a petición de EU, ayer compareció el responsable de formación de Mercalicante, Josep Sirera, quien, según quedó acreditado, facturaba cursos de formación a la sociedad pública a través de una mercantil, Gestión 10, que él controlaba.

El escándalo en Mercalicante no cogió al PP por sorpresa. Los populares, con el alcalde y presidente de Mercalicante, Luis Díaz Alperi, a la cabeza fueron los encargados de lanzar a la opinión pública, allá por el mes de julio, las supuestas irregularidades cometidas por el gerente, en base a las conclusiones de una auditoría externa -los informes auditores ordinarios no desvelaron anomalía alguna en las cuentas de la empresa-. La primera decisión fue el cese fulminante de Clavero, más tarde imputado por un supuesto delito de apropiación indebida. El PP se ha agarrado como a un clavo ardiendo a este dato jurídico -la imputación del ex gerente- para rechazar cualquier responsabilidad política en el desfase económico de la empresa. Y todo ello, pese a que los dos máximos órganos de Mercalicante, el consejo de administración y la comisión ejecutiva, están presididos por Alperi. "El ex gerente nos engañó". Éste ha sido hasta ahora el escudo verbal de Alperi para eludir responsabilidad política.

No obstante, la oposición, desde el primer momento, no cejó en su intento de que el escándalo superase el ámbito jurídico. El PP, aunque a regañadientes, accedió a la creación de una comisión municipal de investigación. Tras un mes largo de dobles y dilatadas sesiones semanales y una veintena de comparencias, la comisión tampoco ha aportado mucha luz en torno a las supuestas responsabildiades políticas. EL PP se ha enrocado en la mayor, o sea, en la habilidad de Clavero para "amañar" los balances, y ha desplagado otro matiz complementario: Todos los proyectos de Clavero contaban con el asesoramiento profesional de los técnicos de Mercasa, socio del Ayuntamiento en Mercalicante. Mientras, el PSPV, con una ambigua estrategia -por ejemplo no formular preguntas previas a los comparecientes- apostó, con exiguos réditos, por demostrar que la comisión ejecutiva sí estaba al tanto en todo momento de las actividades de Clavero.