El PSOE acusa al PP de permitir 'un gran negocio especulativo' en los nuevos barrios

El diputado socialista Modesto Nolla acusó ayer al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno regional, ambos del PP, de ser también responsables de la supuesta estafa de la CPV a 1.200 familias. Nolla acusó al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y al alcalde José María Álvarez del Manzano de haber favorecido un 'gran negocio especulativo' en los nuevos barrios que ha beneficiado 'a unas pocas empresas'. Ruiz-Gallardón respondió recordando que el escándalo de la cooperativa PSV se produjo durante un gobierno socialista. Las críticas le llovieron al presidente dentro y fuera de la Asamblea: ...

El diputado socialista Modesto Nolla acusó ayer al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno regional, ambos del PP, de ser también responsables de la supuesta estafa de la CPV a 1.200 familias. Nolla acusó al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y al alcalde José María Álvarez del Manzano de haber favorecido un 'gran negocio especulativo' en los nuevos barrios que ha beneficiado 'a unas pocas empresas'. Ruiz-Gallardón respondió recordando que el escándalo de la cooperativa PSV se produjo durante un gobierno socialista. Las críticas le llovieron al presidente dentro y fuera de la Asamblea: a sus puertas, unos 200 afectados de la CPV se manifestaron para pedir soluciones.

Ruiz-Gallardón mantuvo ayer un duro debate en la Asamblea con el diputado socialista Modesto Nolla en torno al presunto fraude la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Mientras el parlamentario del PSOE le acusaba de haber propiciado las irregularidades de esta promotora por haber cambiado el sistema de consorcio con el Ayuntamiento de Madrid, el presidente regional le recordaba que con esos controles se había producido en la etapa socialista el escándalo de la cooperativa PSV, vinculada al sindicato UGT que estafó a unas 20.000 familias hace casi una década.

En la calle, a la puerta del Parlamento regional, unas 200 personas, afectadas por el caso CPV, exigían soluciones. 1.200 familias adelantaron en 1998 a la promotora 30 millones de euros para la compra de viviendas en nuevos barrios de norte de la capital (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo). En sus pancartas llevaban lemas como 'quiero mi casita', 'mi casa, ¿dónde está?' y '¡Ruiz-Gallardón, solución!'.

Nolla culpó al gobierno de Ruiz-Gallardón de ser el responsable de la situación por haber permitido al Ayuntamiento de Madrid romper el sistema de consorcio establecido en la época del Ejecutivo de Joaquín Leguina. 'Los nuevos barrios (PAU) son un gran montaje del Ayuntamiento de Manzano, que no contribuye a solucionar el problema de la vivienda a quien la necesita, sino solamente a ofrecer un gran negocio especulativo a unas pocas empresas'. Y añadió, dirigiéndose al presidente de la Comunidad: 'Es usted cómplice con el Ayuntamiento. Ustedes tiraron a la papelera el convenio firmado por Joaquín Leguina que establecía los controles necesarios para que no se produjeran hechos semejantes', acusó el socialista.

'La estafa de PSV'

Ruiz-Gallardón rechazó que este sistema fuera garantía de nada, al decir que 'con ese Gobierno [del PSOE] se produjo la estafa de la PSV'. El presidente se preguntó 'por qué cambiar el sistema de desarrollo urbano mediante consorcio en Madrid es malo y no lo es en ayuntamientos gobernados por los socialistas'. También señaló que había sido su Gobierno el primero en sancionar a CPV [en el año 2000] y el primero que había denunciado en el juzgado sus irregularidades.

La presidenta de la asociación formada por los afectados, Elena Barrionuevo, acusó al presidente regional de 'lavarse las manos'. 'Estamos indignados porque en la Asamblea ha eludido el asunto. Además, si conocía la situación desde 1999 y lo llevó al juzgado, ¿cómo es posible que ese juzgado cerrara el caso?', se preguntó. El Gobierno regional conocía entonces las posibles infracciones contra los derechos de los consumidores cometidas por esa empresa. La Dirección General de Consumo acumuló entre diciembre de 1999 y septiembre de 2002 un total de ocho reclamaciones de afectados por CPV.

La Administración, sin embargo, no pudo sancionar a la promotora por esas reclamaciones porque el juzgado número 34 le ordenó en el mismo octubre de 2000 que suspendiera el procedimiento administrativo (al estar abierta la vía judicial).

Por otro lado, más de 300 miembros de la asociación de afectados de CPV se reunieron en un colegio de Moncloa para decidir futuras acciones. Cada uno aportó 10 euros para hacer fotocopias de escritos, pancartas y alquilar locales.

El sábado por la mañana, el alcalde de Madrid y el presidente regional acudirán a la catedral con motivo de la fiesta de la Almudena. Allí estarán los perjudicados, según anunció Barrionuevo, para pedir de nuevo explicaciones a ambos dirigentes.

El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro directivos de la inmobiliaria por un supuesto delito de estafa, ya que CPV vendió los terrenos en los que iba a construir las casas.