El dueño del catamarán de Banyoles admite que navegó con exceso de carga

El propietario de la embarcación L'Oca admitió ayer que navegaba sin la titulación reglamentaria y con un exceso de pasaje de 60 personas cuando la embarcación se hundió en el lago de Banyoles, causando la muerte de 21 jubilados franceses. El dueño de la barca de recreo, sin embargo, aseguró que no hizo ni ordenó hacer los agujeros de ventilación en la popa que causaron el hundimiento del barco en las tranquilas aguas del lago.

Simó Rodríguez, vecino de Banyoles de 40 años, fue el primero de los tres acusados en la causa del naufragio del catamarán que declaró en el juicio que ay...

El propietario de la embarcación L'Oca admitió ayer que navegaba sin la titulación reglamentaria y con un exceso de pasaje de 60 personas cuando la embarcación se hundió en el lago de Banyoles, causando la muerte de 21 jubilados franceses. El dueño de la barca de recreo, sin embargo, aseguró que no hizo ni ordenó hacer los agujeros de ventilación en la popa que causaron el hundimiento del barco en las tranquilas aguas del lago.

Simó Rodríguez, vecino de Banyoles de 40 años, fue el primero de los tres acusados en la causa del naufragio del catamarán que declaró en el juicio que ayer empezó en Girona. El acusado descargó toda la responsabilidad en los técnicos que intervinieron en la construcción de la embarcación turística que el 8 de octubre de 1998 costó la vida a 21 jubilados franceses. El acusado negó que realizara demandas a los constructores con el objeto de conseguir un barco eléctrico con más potencia -se dobló el número de baterías respecto al proyecto original- para que pudiera dar los paseos al lago en menos tiempo.

Rodríguez mantiene que la decisión de practicar las aberturas fue 'única y exclusivamente' del propietario de Talleres Pons, encargados de la motorización de la barca, y añadió que la tarea de realizarlos recayó sobre un empleado de los astilleros que construyeron el casco, Polymar 2.000, propiedad de Esteve Rabassa.

El propietario de la embarcación no concedió demasiada importancia al hecho de no tener la titulación requerida: 'No me la habían pedido ni una vez en 10 años'. Su título le autorizaba únicamente a pilotar pequeñas embarcaciones de recreo. Rodríguez asegura que para él, la línea de flotación no era una cosa 'esencial', puesto que tenía la 'tranquilidad' de haber encargado un barco 'capaz de transportar 250 personas'.

Según el propietario, 'el permiso administrativo no era igual que la capacidad de la embarcación'. Aunque el Reglamento de Actividades de Banyoles se especificaba un límite de 80 pasajeros, Rodríguez encargó un barco con mayor capacidad porque pensaba que esta normativa podía cambiar más adelante y se dijo: 'Estás construyendo el barco de tu futuro'. El acusado asegura que en el informe técnico del constructor se establece también ese número porque lo exigía el ayuntamiento. Al tiempo que restó importancia al sobrepeso o a la falta de titulación, el propietario de L'Oca se mostró convencido de que los agujeros en la popa fueron la única y verdadera causa de su hundimiento. 'Si se ponen 20 personas en la popa y pongo marcha atrás estoy seguro de que el barco se habría hundido igual', especuló.

Rodríguez no fue consciente en ningún momento del peligro que representaban las rejillas de ventilación tan cerca del agua. 'Yo no sabía si estaban a 5, a 10, a 20 o a 50 centímetros. No me preocupé de eso. Era una cuestión de los técnicos', dijo.

En un momento del juicio, el fiscal Juan José Veguer le preguntó a Rodríguez si se reconocía como la persona que iba corriendo en la parte inferior izquierda de una fotografía que le mostró un asistente judicial. El acusado respondió negativamente.

Las fotografías que usó el fiscal para intentar demostrar que Rodríguez estaba en tierra cuando la embarcación naufragó y no podía en modo alguno capitanearla -tal y como asevera- fueron tomadas por el grupo de escolares que contempló el dramático suceso desde la orilla.

En el juicio, que durará al menos 21 días, declararán 250 testigos y peritos. Para su celebración se han habilitado varias salas en el Palacio de Ferias de Girona. El fiscal pide inicialmente cuatro años de prisión para los dos dueños de la barca y para el ex concejal de urbanismo de Banyoles.