Promesas incumplidas
'Zaplana nos engañó', sentencia Xavier Sierra, al no cumplir su promesa de repartir 21 millones de euros (3.500 millones de pesetas) entre los 2.000 asociados a Afiva y Apemeda. Los dirigentes de las organizaciones de damnificados han quedado muy escaldados de las dos administraciones a las que tuvieron que enfrentarse, primero la socialista y después la popular.
El Estado 'hizo trampa', según Sierra, porque contribuyó a dilatar el caso Tous 'cambiando jueces', y los ayuntamientos contribuyeron a 'restar fuerza a las asociaciones' y fomentaron 'la división entre los damnificados'...
'Zaplana nos engañó', sentencia Xavier Sierra, al no cumplir su promesa de repartir 21 millones de euros (3.500 millones de pesetas) entre los 2.000 asociados a Afiva y Apemeda. Los dirigentes de las organizaciones de damnificados han quedado muy escaldados de las dos administraciones a las que tuvieron que enfrentarse, primero la socialista y después la popular.
El Estado 'hizo trampa', según Sierra, porque contribuyó a dilatar el caso Tous 'cambiando jueces', y los ayuntamientos contribuyeron a 'restar fuerza a las asociaciones' y fomentaron 'la división entre los damnificados'. A Renfe, Telefónica, Hidroeléctrica y Aumar las califica de 'damnificadas de lujo', ya que cobraron las indemnizaciones en poco tiempo, igual que los ayuntamientos, que también recibieron abundantes subvenciones, especialmente el de Alzira.
Los decretos gubernamentales de 1993 y 1995 ante la eternización del caso en los tribunales, fueron combatidos con manifestaciones por los afectados. Sus principales objeciones eran que no actualizaban el IPC y que los que se acogían a los convenios renunciaban a futuras compensaciones. La vía penal se alargaba y muchos damnificados se acogieron a las ofertas. En 1990 se producía la primera sentencia condenatoria en la Audiencia de Valencia, pero el Tribunal Supremo la revocó en 1993. Dos años después los afectados recibieron otro varapalo al absolver la Audiencia a los ingenieros procesados, pero en 1997 el Supremo daba finalmente la razón a los que creían que se produjo una 'imprudencia temeraria' por el desmoronamiento de la presa.
Con la llegada del PP, Afiva y Apemeda se las prometían felices ante las promesas del entonces candidato José María Aznar. Pero pronto quedaron decepcionados ya que los populares hicieron oídos sordos a la petición de extender las indemnizaciones a los 28.000 perjudicados que, cansados de esperar aceptaron 'las limosnas' del Gobierno socialista. Sierra reconoce que 'el PP sólo ha pagado lo que sentenció el Supremo' y que los socialistas 'tienen razón cuando dicen que fueron los únicos que dieron soluciones políticas'.