La falta de medios hace que numerosos delitos de menores queden sin juzgar

Muchos de los delitos cometidos por menores en Madrid terminan sin juicio. El informe del Defensor del Pueblo sobre el primer año de aplicación de la Ley Penal del Menor denuncia la falta de medios en los juzgados y la fiscalía de menores, lo que acarrea 'un elevado número de causas en las que se acuerda la prescripción'. El informe critica el 'estado lamentable' en que se encuentran los calabozos del Grupo de Menores (Grume) de la policía situado en la comisaría de Vallecas, donde trabajan 'policías uniformados y con armas', en contra de lo que establece la ley.

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Muchos de los delitos cometidos por menores en Madrid terminan sin juicio. El informe del Defensor del Pueblo sobre el primer año de aplicación de la Ley Penal del Menor denuncia la falta de medios en los juzgados y la fiscalía de menores, lo que acarrea 'un elevado número de causas en las que se acuerda la prescripción'. El informe critica el 'estado lamentable' en que se encuentran los calabozos del Grupo de Menores (Grume) de la policía situado en la comisaría de Vallecas, donde trabajan 'policías uniformados y con armas', en contra de lo que establece la ley.

El Informe sobre el primer año de vigencia de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Penal del Menor) hace balance del funcionamiento de la ley desde que entrara en vigor el 13 de enero de 2001. En el capítulo dedicado a la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo relata cómo los asuntos tramitados por la Fiscalía de Menores de Madrid 'han superado las previsiones que se tuvieron en cuenta a la hora de poner en funcionamiento la sección'. De las casi 13.000 causas que entraron en esa fiscalía en 2001, se concluyeron 5.500. Pero al finalizar el año, un tercio de ellas (alrededor de 3.000) todavía no se habían tomado en consideración. 'Los 12 equipos fiscales encargados de la tramitación [...] resultan claramente insuficientes', relata el Defensor en su informe recogiendo las quejas de la fiscalía.

A la falta de fiscales se suma la tardanza con la que remiten sus informes los equipos técnicos encargados de analizar la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como su entorno social. Según el Defensor, 'no es extraño que demoren tres, cuatro o cinco meses su emisión', cuando la ley establece un máximo de 10 días ampliable a un mes en los casos de gran complejidad.

Las carencias de medios y personal denunciadas tienen su reflejo en el número de delitos archivados, aunque el Defensor no especifica cuántos fueron en 2001. 'Es llamativo el elevado número de causas en las que se ha acordado la prescripción', relata el Defensor, que explica cómo 'en muchas ocasiones el fiscal acuerda la prescripción del expediente [...] por haber transcurrido más de tres meses desde que se ordenó la confección del informe al equipo técnico'.

El documento recoge también las quejas del Colegio de Abogados sobre 'el estado inaceptable' que presentan las instalaciones del Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía (Grume), situado en la comisaría de Vallecas. El informe denuncia 'el estado que presentan los calabozos' donde son custodiados los menores, de los que no se han retirado los signos policiales distintivos, y critica que su sede sea una comisaría 'en la que prestan servicio policías nacionales uniformados y con armas'. La crítica se extiende al servicio de guardia de la fiscalía, que, según el documento, 'carece de las mínimas condiciones para la permanencia de los menores'. 'Además', continúa, 'no están resueltos los problemas de intendencia, por lo que los fiscales frecuentemente tienen que hacerse cargo del importe de la comida de los menores'.

Cuidados y protección

La Ley Penal del Menor ordena que la custodia se realice 'en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad', en las que 'recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran habida cuenta de su edad, sexo y características individuales'.

En sus recomendaciones, el Defensor urge al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la creación de nuevos juzgados, y pide a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid la unión en un solo edificio de los juzgados, la fiscalía y el Grume.