Cotino busca un solar en Alicante para un centro de inmigrantes

El Gobierno admite que la instalación de Valencia está saturada

El delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, aseguró ayer que el Ejecutivo está dispuesto a construir un centro de internamiento de inmigrantes en Alicante. Según Cotino, los centros de Valencia y Murcia están saturados, por lo que una nueva instalación en Alicante aliviaría la situación. El responsable gubernamental admitió que hay dificultades para encontrar sitio a los nuevos locales.

En su primera visita oficial a Alicante como delegado del Gobierno, Juan Cotino aseguró que una de sus prioridades en esta provincia es construir un centro de internamiento para inmi...

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El delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, aseguró ayer que el Ejecutivo está dispuesto a construir un centro de internamiento de inmigrantes en Alicante. Según Cotino, los centros de Valencia y Murcia están saturados, por lo que una nueva instalación en Alicante aliviaría la situación. El responsable gubernamental admitió que hay dificultades para encontrar sitio a los nuevos locales.

En su primera visita oficial a Alicante como delegado del Gobierno, Juan Cotino aseguró que una de sus prioridades en esta provincia es construir un centro de internamiento para inmigrantes. 'Ha sido una de mis primeras conversaciones con el subdelegado, Luis Garrido', afirmó. Cotino aseguró que los centros de Valencia y Murcia están saturados, por lo que una instalación en Alicante paliaría el déficit de plazas para alojar a extranjeros pendientes de expulsión.

Pese a que el Gobierno tiene claro que Alicante debe disponer de un centro de este tipo, el responsable gubernamental no ocultó que 'hay muchos problemas' para encontrar un lugar adecuado para ello.

En centro de internamiento de la Región de Murcia, en el municipio de Sangonera la Verde, sólo dispone de 60 plazas, cifra insuficiente para atender a los inmigrantes en proceso de expulsión, algunos de los cuales proceden de otras regiones, como Canarias, que no dan abasto para atenderles. En Valencia, la situación de centro de Zapadores es similar. Sus 52 plazas (36 hombres y 16 mujeres) se han desbordado, especialmente este verano con el traslado de sin papeles desde Canarias.

Desde junio, sólo en Valencia, la cifra ronda los varios centenares. Desde junio, al menos ha habido cuatro envíos, el más numeroso con 84 traslados, como reconoció el subdelegado del Gobierno, Félix Crespo, en julio. Sin embargo, la Administración aún no ha facilitado los datos exactos de los traslados. El centro de Valencia, a requerimiento de la Fiscalía de Valencia, tampoco ha informado del número de inmigrantes que han sido explusados o han salido a la calle después de que pasara el plazo de 40 días que pueden permanecer retenidos.

Alicante Acoge criticó ayer que la primera estancia de Cotino en la ciudad haya sido aprovechada para dar a conocer 'más medidas policiales y represivas'. Carlos Gómez, director técnico de la organización, precisó que la provincia de Alicante cuenta con dos problemas graves referidos a ciudadanos foráneos, como son el colapso de la Oficina de Extranjeros y la carencia de políticas que favorezcan la integración de los inmigrantes por motivos económicos.

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Gómez dijo que la provincia cuenta con 170.000 ciudadanos extranjeros empadronados. De ellos, 17.000 residen en la capital. El directivo de Alicante Acoge explicó que el deficiente funcionamiento de la Oficina de Extranjeros ha sido trasladado al Congreso de los Diputados mediante preguntas parlamentarias y al Defensor del Pueblo a través de tres denuncias. La última de éstas fue suscrita por 12 organizaciones sociales y sindicales. Añadió que las instalaciones de dicha oficina están entre 'las más colapsadas de España'. Los retrasos en la tramitación de los expedientes de extranjeros por parte de dicha oficina provocan daños personales a los contingentes de inmigrantes y al tejido productivo, ya que congelan la posibilidad de que los empresarios puedan contratarles.

Gómez especificó que la oficina tarda, en ocasiones, 16 meses en renovar el permiso a los inmigrantes, lo que les aboca 'a unos problemas de enorme gravedad'. Puntualizó que es habitual que la regularización de un inmigrante le suponga un año de espera, 'tiempo en el que se le obliga a estar en la marginación más absoluta'.

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