La Comunidad paga médicos privados a sus empleados pese a gestionar la sanidad pública
Partidos políticos y sindicatos califican la situación de 'injusta', pero ven difícil la solución
La Comunidad paga médicos privados a sus empleados pese a gestionar desde el 1 de enero pasado la sanidad pública. De este sistema se benefician más de 40.000 empleados dependientes de la Comunidad y sus familias: en total unas 100.000 personas. El propio Gobierno regional (PP), el PSOE y los sindicatos CC OO y UGT admiten que esta situación es 'retrógrada', 'injusta' y 'perjudicial para la sanidad pública'. Sin embargo, creen que el asunto tiene 'difícil solución, ya que los empleados no quieren perder lo que perciben como una ventaja'. Con este argumento, partidos y sindicatos mantienen desd...
La Comunidad paga médicos privados a sus empleados pese a gestionar desde el 1 de enero pasado la sanidad pública. De este sistema se benefician más de 40.000 empleados dependientes de la Comunidad y sus familias: en total unas 100.000 personas. El propio Gobierno regional (PP), el PSOE y los sindicatos CC OO y UGT admiten que esta situación es 'retrógrada', 'injusta' y 'perjudicial para la sanidad pública'. Sin embargo, creen que el asunto tiene 'difícil solución, ya que los empleados no quieren perder lo que perciben como una ventaja'. Con este argumento, partidos y sindicatos mantienen desde hace 19 años esta situación.
Una sanidad a la carta, con clínicas privadas y visitas a especialistas sin listas de espera. Éste es el servicio médico del que disfrutan, desde 1983, unos 40.000 empleados públicos y sus familias, y que la Comunidad paga con los impuestos de todos los madrileños. En el hospital Gregorio Marañón, esto significa que sus 8.000 empleados, que atienden a una población de 600.000 personas, van a la medicina privada cuando ellos son los enfermos.
Esta asistencia médica fuera de la red pública cuesta cada año a la Comunidad entre 60 y 90 millones de euros (de 10.000 a 15.000 millones de pesetas), según calculan los sindicatos UGT y CC OO. La Comunidad no ha ofrecido sus datos.
'Este dinero se resta de la medicina pública y va a la privada. Ello rompe el sistema de la sanidad pública: que todos pongamos dinero para la atención médica de todos. La integración de esta población en la red pública daría al sistema más dinero para mejorar la sanidad', explica un dirigente de CC OO.
La Comunidad de Madrid nació en 1983, con sólo unos centenares de empleados. Desde entonces, su plantilla ha crecido con los sucesivos traspasos de competencias hasta unos 100.000 empleados. Según la Consejería de Justicia, aproximadamente el 45% de ellos son beneficiarios de la entidad colaboradora, que es el ente que presta asistencia médica a los empleados públicos. Depende de Justicia y es conocida como la Colaboradora.
'Ha sido un globo hinchado hasta que, tarde o temprano, tendrá que estallar. Es inasumible económicamente e indefendible políticamente que el mismo Gobierno que gestiona la sanidad pública mande a sus trabajadores a la privada', afirma este dirigente de CC OO. 'Eliminar esta situación tiene un coste político que nadie ha querido asumir', añade un responsable del PSOE. En términos parecidos se manifiesta una fuente de la Consejería de Justicia.
Coste político
Este coste político es la resistencia de los propios empleados públicos a perder lo que consideran un derecho. Por ello, UGT y CC OO, que se declaran firmes defensores de la sanidad pública, han mantenido una actitud tibia, firmando año tras año convenios laborales con la Comunidad que incluyen la asistencia privada para estos empleados.
'Siempre hemos luchado para mejorar la sanidad pública, pero es cierto que hemos pasado de puntillas sobre este asunto por el temor a la reacción de estos empleados', admite un dirigente de UGT. Otra resistencia ha sido la de los médicos que trabajan para la Colaboradora. 'Muchos de ellos cobran dos veces: del hospital público y de la Colaboradora, por atender a empleados de la Comunidad', explica un diputado del PSOE.
Todos los gobiernos regionales, del PSOE y del PP, han evitado enfrentarse al asunto. Pedro Sabando, consejero de Sanidad del PSOE hasta 1995, admite que pensó en 'liquidar la Colaboradora'. 'Pero hubo resistencias y no se dieron las circunstancias adecuadas', recuerda Sabando.
Los gobiernos del PP de Alberto Ruiz-Gallardón no han sido más decididos. Éste ha mantenido la Colaboradora y, a la vez, ha respetado la situación de la que gozaban sus nuevos empleados. Así, a unos 5.000 de los 30.000 trabajadores que llegaron con las transferencias de Educación, en 1999, la Comunidad les ha seguido pagando las mutuas privadas que el Ministerio de Educación ya les abonaba. Al resto los integró en la Colaboradora.
Por su parte, los casi 50.000 trabajadores del antiguo Insalud que el pasado 1 de enero asumió la Comunidad, acuden a la red pública como hacían antes de las transferencias. Por ello, la plantilla de la Comunidad recibe atención por tres sistemas distintos. Los hay que reciben atención en la red pública -los del antiguo Insalud-, los que reciben atención privada en la Colaboradora -los que ya pertenecían a la Comunidad- y aquellos a los que el Gobierno regional paga una mutua privada.
Según los sindicatos, las discusiones sobre el futuro de la Colaboradora han causado tensiones en el seno del Gobierno regional. Mientras una parte del Gobierno es partidaria de liquidarla e integrar a todos los trabajadores en la red pública, otra parte prefiere mantener las cosas como están. Este último grupo ha sido, por el momento, el que ha salido ganador del envite, según fuentes sindicales.
El futuro de un 'modelo obsoleto'
La empresa colaboradora de la Comunidad envía a sus empleados a especialistas privados, lo que les libra de las listas de espera que sufre la sanidad pública. Lo mismo ocurre cuando tienen que hacerse radiografías, análisis o ecografías. La Colaboradora también mantiene conciertos para que los empleados públicos sean tratados en clínicas privadas. En la asistencia primaria, la Colaboradora contrata a médicos de familia para los empleados que viven en Madrid capital. Para el resto de la provincia, los empleados acuden a los ambulatorios públicos y la Colaboradora paga al Imsalud este servicio. Sin embargo, a medida que la población y la asistencia especializada pública han crecido fuera de Madrid capital, la Colaboradora ha dejado de ser siempre una ventaja. Así, alguien que viva en Aranjuez, por ejemplo, deberá ir al especialista privado en Madrid, aunque tenga uno público junto a su casa. El futuro de la Colaboradora ha colocado a los sindicatos en un brete: por un lado defienden la sanidad pública, pero, por otro, muchos de sus afiliados en la administración se resisten a perder lo que ven como un derecho adquirido. Sólo un dirigente sindical, Amador Rodríguez, delegado de Salud de CC OO, aboga por la liquidación: 'Es un modelo obsoleto. Lo que debe hacerse es integrar a todos los madrileños en la sanidad pública. Pero ésta debe recibir más inversiones y mejorar la asistencia a toda la población'. El PSOE coincide, pero con matices: 'La Colaboradora es un modelo que con el tiempo se ha ido quedando viejo. Pero es una cuestión sensible que deberá ser estudiada atentamente antes de tomar cualquier decisión precipitada', explica Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE. Por su parte, el Gobierno manifiesta que no tiene intención, por el momento, de modificar la asistencia médica de sus empleados.