36 millones de euros para buscar tesoros en las costas andaluzas
Bajo las aguas de la costa andaluza que va de Ayamonte (Huelva) a Tarifa (Cádiz) hay un inmenso patrimonio histórico cultural que se cuenta en naves y galeones hundidos en diferentes siglos. Más oro y plata, dicen, que en el Banco de España. Ésa es la razón de que sea un lugar codiciado por los saqueadores de pecios, que luego venden con facilidad una mercancía que no está catalogada ni puede acreditar una procedencia exacta. Con todos los permisos en regla, arranca el proyecto Poseidón, que pretende proteger y rentabilizar el involuntario legado submarino que dejaron fenicios, griegos, romano...
Bajo las aguas de la costa andaluza que va de Ayamonte (Huelva) a Tarifa (Cádiz) hay un inmenso patrimonio histórico cultural que se cuenta en naves y galeones hundidos en diferentes siglos. Más oro y plata, dicen, que en el Banco de España. Ésa es la razón de que sea un lugar codiciado por los saqueadores de pecios, que luego venden con facilidad una mercancía que no está catalogada ni puede acreditar una procedencia exacta. Con todos los permisos en regla, arranca el proyecto Poseidón, que pretende proteger y rentabilizar el involuntario legado submarino que dejaron fenicios, griegos, romanos y muchos otros pueblos.
Gonzalo Millán del Pozo está a la cabeza de esta iniciativa didáctico-empresarial, que se ha presupuestado en 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas), de los cuales la UE pondrá un 10%. El resto correrá a cargo de la inversión privada. Esperan autofinanciarse cuando comience a rodar 'la ciudad de la arqueología submarina', un centro que se irá levantando por fases en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Chiclana, Cádiz. Se trata de formar a aquellos universitarios que hayan estudiado carreras relacionadas con las ciencias del mar, la arqueología y la biología, mediante cursos de posgrado para convertirlos en 'biólogos buzos, geólogos buzos, arqueólogos buzos'. La docencia como legítimo negocio ligado al ocio y a la cultura. Será la Junta de Andalucía la que decida si se pueden o no extraer las piezas halladas.