Procedimiento de interceptación de aeronaves civiles
El piloto al mando del vuelo AV-010 de la compañía colombiana Avianca, solicitó la activación del protocolo de emergencia a la torre de Barajas hacia las 10.00, poco antes de entrar en el espacio aéreo español. Nada más alcanzarlo, un caza F-18 procedente de Torrejón de Ardoz (Madrid) le escoltó hasta esa misma base, elegida para el aterrizaje con el fin de evitar cualquier riesgo. La toma de decisiones partió de un gabinete de crisis que coordinó los ministerios de Fomento, Interior y Defensa, responsables ante este tipo de incidentes.
Este protocolo es el recogido por el Reglamento d...
El piloto al mando del vuelo AV-010 de la compañía colombiana Avianca, solicitó la activación del protocolo de emergencia a la torre de Barajas hacia las 10.00, poco antes de entrar en el espacio aéreo español. Nada más alcanzarlo, un caza F-18 procedente de Torrejón de Ardoz (Madrid) le escoltó hasta esa misma base, elegida para el aterrizaje con el fin de evitar cualquier riesgo. La toma de decisiones partió de un gabinete de crisis que coordinó los ministerios de Fomento, Interior y Defensa, responsables ante este tipo de incidentes.
Este protocolo es el recogido por el Reglamento de Circulación Aérea para la interceptación de aeronaves civiles y debe utilizarse como último recurso. Su fin es que el piloto militar comunique con el piloto civil por radio o señales visuales para ordenarle que vuelva a su ruta o aterrice en el aeropuerto que se le indique, para lo que prevé un código de términos ingleses como mayday (peligro) o hijack (secuestro).
La base aérea de Torrejón es la sede del CAOC 8 (del inglés Centro de Operaciones Aéreas Combinadas), órgano competente para calificar un avión comercial de rogue (delincuente o amenazante en inglés), según el dispositivo adoptado para estos casos por la OTAN tras los atentados del pasado 11 de septiembre. La hipotética decisión final de derribar el avión sólo puede ser tomada por el presidente del Gobierno como jefe del ejército. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos aseguró ayer que en casos como éste, 'toda prudencia está justificada'.