El TSJA condena e inhabilita al juez de La Palma del Condado
La sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó ayer a la pena de dos años de prisión y 18 años de inhabilitación al juez de la Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero por los delitos de cohecho, prevaricación impropia y exacciones ilegales cometidos en 1996. La condena por prisión no se hará efectiva al carecer el juez de antecedentes penales, aunque sí la inhabilitación. La fiscalía del TSJA, que solicitaba 12 años de prisión estudia interponer un recurso de casación contra la decisión de absolver al juez de otro delito por infidelidad en la...
La sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó ayer a la pena de dos años de prisión y 18 años de inhabilitación al juez de la Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero por los delitos de cohecho, prevaricación impropia y exacciones ilegales cometidos en 1996. La condena por prisión no se hará efectiva al carecer el juez de antecedentes penales, aunque sí la inhabilitación. La fiscalía del TSJA, que solicitaba 12 años de prisión estudia interponer un recurso de casación contra la decisión de absolver al juez de otro delito por infidelidad en la custodia de documentos.
Los hechos que han motivado la condena de Justo Gómez Romero se produjeron en los últimos meses de 1996. Una de las personas que también aparecieron como acusadas en el proceso y que ha sido finalmente absuelta, Diego González, propietario de un mesón sobre el que pesaba una orden de desahucio, comentó su problema con el juez y le pidió orientación acerca de cómo podría evitar el desalojo. El juez le facilitó el nombre de un abogado, otro de los acusados, Félix Eugenio Cecilia, del que dijo que conocía el procedimiento para evitar el desahucio.
Cantidad económica
Cuando Diego González se puso en contacto con el abogado, éste le exigió una cantidad económica que, según explicó, iría destinada a que el propio juez Gómez paralizara el procedimiento en un juzgado que no le correspondía. González aceptó pagar la cantidad que el abogado le exigía para entregársela al juez: 800.000 pesetas que se hicieron efectivas en cuatro entregas de 200.000 pesetas. Durante varios meses, el desahucio no se produjo. Finalmente, poco después de la última entrega, el juez Gómez Romero se presentó en el mesón de Diego González y le comunicó que no podía parar más el lanzamiento. A lo largo del juicio, el tribunal consideró demostrados los intentos del juez de suspender la orden de desahucio con 'una serie de proveídos inútiles'.
El juez fue, además, juzgado por otras denuncias, como no dar trámite a un exhorto que le había sido dirigido con motivo de su separación matrimonial, pedir dinero por realizar certificaciones de nacimiento y de matrimonio alegando que eran gratificaciones para funcionarios y no poder demostrar el ingreso de 12 millones de pesetas que no constaban en su declaraciones de la renta.
Otra de las acusaciones que recayeron sobre él y que, finalmente no han sido tenidas en cuenta, es la constatación de que en su despacho judicial existía determinada documentación a la que no se le había dado ni el destino ni la prosecución adecuados. La documentación consistía en denuncias, escritos y atestados que no habían sido adecuadamente proveídos y cuya falta de tramitación parecía haber sido decidida de forma interesada.