Los encerrados en la Olavide deciden prescindir de Chamizo
La situación del encierro que desde hace 16 días mantienen 423 inmigrantes en el campus de la Universidad Pablo de Olavide dio ayer tarde un nuevo vuelco. Los 17 representantes de los encerrados decidieron en asamblea prescindir de los servicios como mediador del Defensor del Pueblo, José Chamizo, al que reprochan que apenas se haya avanzado en la solución de su situación durante estas dos semanas.
Los inmigrantes, que comunicaran esta decisión a Chamizo en la reunión fijada para el próximo jueves, mantienen su negativa a facilitar sus datos personales, requisito que impuso el defensor ...
La situación del encierro que desde hace 16 días mantienen 423 inmigrantes en el campus de la Universidad Pablo de Olavide dio ayer tarde un nuevo vuelco. Los 17 representantes de los encerrados decidieron en asamblea prescindir de los servicios como mediador del Defensor del Pueblo, José Chamizo, al que reprochan que apenas se haya avanzado en la solución de su situación durante estas dos semanas.
Los inmigrantes, que comunicaran esta decisión a Chamizo en la reunión fijada para el próximo jueves, mantienen su negativa a facilitar sus datos personales, requisito que impuso el defensor para dar un impulso al proceso de negociación con el Gobierno.
Este cambio de postura se produce después de la reunión que los representantes mantuvieron con la rectora, Rosario Valpuesta, que les recomendó que siguieran una serie de pasos si querían encontrar una salida a su situación. La primera de estas recomendaciones fue que siguieran la vía propuesta por Chamizo, facilitar información; que dejara de actuar el grupo de apoyo y que aceptaran la representación de un grupo de abogados que dispondría la propia universidad. Todas estas condiciones fueron rechazadas por los inmigrantes, según explicó ayer Juan Carrique, abogado de la CGT y miembro del grupo de apoyo.
Carrique afirmó que la rectora no tiene potestad para imponer ningún tipo de condiciones a los encerrados y adelantó que se está trabajando para encontrar un sustituto a Chamizo, 'que podría ser un mediador que trabaja para la ONU', explicó.
'Han de ser ellos [los encerrados] los que decidan quien media en su situación y qué abogados les representan. Les piden unos datos personales y eso en su situación es muy peligroso, porque basta con que lleguen a manos de la policía para que corra riesgo su seguridad', explicó Carrique. El abogado de la CGT calificó de 'sinsentido' la 'condición impuesta' por la rectora de que el grupo de apoyo deje de trabajar con los encerrados. Los inmigrantes no descartan tampoco volver a realizar una huelga de hambre como medida de presión.