¡Ya era hora!
La obtención de mayoría absoluta ha descubierto descarnadamente la naturaleza neoliberal de las políticas económicas y sociales del PP. En materia fiscal acentúa el injusto tratamiento a las rentas de los segmentos menos favorecidos de la sociedad que aportan más, al contrario de aquellos otros que se encuentran en mejor situación y lo hace -junto a diversas medidas favorecedoras de las rentas del capital- a través del aumento e impuestos indirectos y la disminución de los directos.
Junto a estas políticas que condicionan la calidad de vida y la capacidad de consumo de millones de españ...
La obtención de mayoría absoluta ha descubierto descarnadamente la naturaleza neoliberal de las políticas económicas y sociales del PP. En materia fiscal acentúa el injusto tratamiento a las rentas de los segmentos menos favorecidos de la sociedad que aportan más, al contrario de aquellos otros que se encuentran en mejor situación y lo hace -junto a diversas medidas favorecedoras de las rentas del capital- a través del aumento e impuestos indirectos y la disminución de los directos.
Junto a estas políticas que condicionan la calidad de vida y la capacidad de consumo de millones de españoles, el PP impuso unilateralmente la Reforma Laboral del 2001 que desreguló aún más las modalidades de contratación y la Ley de Acompañamiento de los PGE de 2002, que redujo los derechos de los trabajadores en relación con la incapacidad temporal. Mantiene las amenazas de reformar la negociación colectiva restándole peso a los convenios, así como ampliar a toda la vida laboral el periodo para obtener la base reguladora de las pensiones y modificar la Ley Concursal que sacaría a los trabajadores del ámbito del derecho laboral para llevarlos al derecho mercantil en el supuesto del cierre de la empresa, perdiendo así buena parte de los derechos hoy reconocidos.
Unido a lo anterior está empeñado en hacer regresar el modelo educativo al ámbito de lo privado (LOU y Ley de Calidad de la Enseñanza), igual que el sistema sanitario público (fundaciones, políticas de conciertos, gestión privada) y quiebra el modelo negocial para los empleados públicos imponiendo las condiciones salariales y de trabajo a más de dos millones de trabajadores, consolidando una escandalosa pérdida de poder adquisitivo. Lo uno y lo otro producirán -de hecho existen indicadores que lo confirman- efectos perniciosos para el llamado y débil -con relación a la UE- Estado de Bienestar.
Los objetivos de esta política agresiva e injusta son claros: garantizar los excedentes del capital en la fase recesiva del ciclo económico; desregular aún más el mercado de trabajo para facilitar reducciones de salario y, de paso, dificultar la capacidad organizativa del movimiento obrero y sindical; privatizar sectores estratégicos y arrumbar el sistema público de protección social, reconvirtiéndolo en un modelo de beneficencia. Es decir, el PP -al igual que sus correligionarios daneses, italianos o portugueses que gobiernan sus respectivos países- se instala sin tapujos en la estrategia neoliberal de recortar derechos, reducir salarios, y menos Estado y más mercado.
Cada una de estas políticas y, desde luego, en su conjunto hace tiempo que hubieran requerido desde el movimiento sindical una contundente respuesta movilizadora y unitaria, tanto para denunciarlas como para hacer valer las propuestas alternativas que vienen planteándose. Sin embargo, ¿por ingenuidad?, no ha sido así, se han utilizado tácticas negociadoras que han obtenido parcos resultados sociales, de tal manera que el modelo negocial basado en pactar retrocesos con el fin de que estos no fuesen mayores, se ha demostrado poco útil en términos de avances sociales y de derechos. En presencia del actual escenario y desenmascarada la naturaleza política del Gobierno del PP en materia económico-social, que es la que nos ocupa, cabe afirmar que ante la imposibilidad de consolidar derechos y, menos aún, propiciar avances para los trabajadores (activos, precarios y desempleados) hubiera sido más conveniente tanto para acumular fuerzas como mayor legitimidad y desde la pedagogía política que es atribuible al conflicto social, enfrentándose desde la denuncia y la capacidad positiva a dicha política.
Siendo rigurosos, pues una de las consecuencias sindicales de este proceso es la constatación el que el modelo sustentado hegemónicamente en el concierto y diálogo social se ha mostrado claramente insuficiente y por ello se hace necesario explorar otro modelo de mayor equilibrio entre la capacidad de presión y la de negociación, tal como se ha decidido a raíz de la última agresión del Gobierno en materia de protección al desempleo, por CC OO y UGT.
Bienvenida sea la convocatoria de huelga general, ¡ya era hora! Bienvenida la constatación de que la reforma de la protección al desempleo es aún más perniciosa para los trabajadores andaluces.
Ambas cosas anuncian un giro sindical hacia la izquierda que esperemos no sea tacticista sino estratégico y que debe consolidarse en el seno del movimiento sindical, tanto cara al 20-J -en un marco de respuesta global a la política económica del Gobierno y de una amplia alianza en el terreno social, político, cultural y ciudadano- como al día después, donde la gestión del resultado de la huelga general debe administrarse desde la continua movilización social, entendida ésta como la acumulación de fuerzas alrededor de las propuestas sindicales, hasta conseguir que se abran camino.
Antonio Rodrigo Torrijos es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO y dirigente del sector crítico del sindicato.