'Dudosa constitucionalidad'
José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por el PSOE y perteneciente al sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, considera 'de dudosa constitucionalidad la pretendida reforma legal, ya que un CGPJ presidencialista y en el que 15 vocales son convidados de piedra frente a los seis de la comisión permanente, puede vulnerar el artículo 122 de la Constitución, que se refiere a un órgano integrado por 21 miembros, sin hacer distingos entre ellos respecto a su condición de consejeros del poder judicial'.
Además, desde una perspectiva de...
José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por el PSOE y perteneciente al sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, considera 'de dudosa constitucionalidad la pretendida reforma legal, ya que un CGPJ presidencialista y en el que 15 vocales son convidados de piedra frente a los seis de la comisión permanente, puede vulnerar el artículo 122 de la Constitución, que se refiere a un órgano integrado por 21 miembros, sin hacer distingos entre ellos respecto a su condición de consejeros del poder judicial'.
Además, desde una perspectiva de política judicial, Alonso critica que la propuesta de reforma 'debilita el papel constitucional del CGPJ, incurre en un proceso de privatización de una institución pública y refuerza la presencia del fiscal general del estado y del Ministerio de Justicia en funciones de gobierno del Poder Judicial, lo que produce una confusión entre los poderes del Estado'.
Alonso atribuye esta iniciativa, 'ajena al Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, a un pacto histórico entre el Partido Popular y la Asociación Profesional de la Magistratura, que se filtra a un medio afín para asegurarse un tratamiento acrítico y favorecer la privatización del gobierno del Poder Judicial y el corporativismo'.
Como prueba de esto último, Alonso se refiere a la pretensión de someter los proyectos de reglamentos del CGPJ 'a informe de las asociaciones judiciales y corporaciones profesionales o asociaciones que representen intereses a los que pueda afectar, mientras que se desconoce el papel del Parlamento y se impide la capacidad del Consejo para informar u opinar sobre anteproyectos de leyes que afectan a derechos fundamentales, como la Ley de Partidos o la Ley de Extranjería'.
En cuanto al estatuto judicial, Alonso rechaza 'el reforzamiento del sistema de oposición y la idea regresiva del juez, al que se le prohibe presencia pública y emisión de opiniones políticas y se le somete al régimen disciplinario de toda la vida, basado en enfoques preconstitucionales de la figura del juez'.
En cambio, Alonso reconoce en la propuesta, de 545 artículos, 'una novedad positiva, el artículo 49, que configura el recurso de casación no como una apelación, sino como un instrumento para lograr la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico'.