Los socialistas instan a CiU a dejar la inmigración fuera de la pugna electoral
El PSC incorporá a Ciutadans pel Canvi a sus candidaturas locales
Los socialistas pidieron ayer de nuevo al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) que se siente a negociar un pacto con la oposición sobre los problemas relacionados con la inmigración y la política de seguridad. El secretario de política municipal del PSC, Celestino Corbacho, aseguró ayer que su partido 'no quiere que estos asuntos sean objetivo de confrontación electoral', pero agregó que 'denunciará la hipocresía' de los gobiernos de CiU y PP', si éstos mantienen su actual ineficacia en estas materias.
Los socialistas han comenzado ya la preparación de las próximas elecciones municipal...
Los socialistas pidieron ayer de nuevo al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) que se siente a negociar un pacto con la oposición sobre los problemas relacionados con la inmigración y la política de seguridad. El secretario de política municipal del PSC, Celestino Corbacho, aseguró ayer que su partido 'no quiere que estos asuntos sean objetivo de confrontación electoral', pero agregó que 'denunciará la hipocresía' de los gobiernos de CiU y PP', si éstos mantienen su actual ineficacia en estas materias.
Los socialistas han comenzado ya la preparación de las próximas elecciones municipales, previstas para dentro de un año. Su pretensión es, según explicó ayer Corbacho, repetir la fórmula electoral de las anteriores: presentarse con las siglas propias del partido en el máximo número posible de municipios y allí donde no sea posible o aconsejable, formar una coalición denominada PSC-Progrés Municipal que les permita llegar a acuerdos con grupos de independientes progresistas.
La coalición que mantienen el PSC y la plataforma de Ciutadans pel Canvi en el Parlament tendrá también su traducción en la formación de las candidaturas municipales, pero mediante la incorporación de miembros de Ciutadans pel Canvi en las candidaturas del PSC. Aunque es todavía temprano para precisar cifras, se calcula que Ciutadans pel Canvi puede aportar candidatos en unos 70 municipios.
Los programas locales que elaborará cada candidatura municipal serán precedidos por un manifiesto de ámbito general, que se aprobará en una Convención Municipal del PSC prevista para febrero de 2003. El manifiesto será redactado con la participación de grupos de expertos y de los actuales alcaldes y concejales del partido. También se podrán formular propuestas en una página web que se abrirá al efecto.
Inmigración e inseguridad
Los socialistas recuerdan con especial amargura que en las últimas elecciones municipales perdieron alguna alcaldía por la explotación política de los problemas de la inmigración y la seguridad. Por esta razón Corbacho reiteró ayer la propuesta del PSC a todos los partidos, pero en particular a CiU y PP por sus responsabilidades de gobierno, para alcanzar un pacto sobre política de seguridad y otro sobre inmigración, aunque sin hacerse muchas ilusiones, porque estas propuestas han sido ya formuladas muchas veces y siempre han caído en saco roto.
'El Gobierno ha de ver si prefiere el acuerdo o la confrontación', afirmó ayer Corbacho, 'pero si no hay acuerdo denunciaremos la hipocresía y la falta de eficacia de los Gobiernos de CiU y PP'. En el caso de que el Gobierno catalán acepte sentarse a negociar un acuerdo, Corbacho adelantó que no podrá ser un pacto sobre 'letra vacía' que remita a la creación de comisiones interdepartamentales o consejos asesores, y que no aporte 'compromisos, instrumentos de actuación y dinero del presupuesto' con el que ponerlo en práctica. Esto abedece también a su convicción de que el mejor tratamiento de la inmigración es invertir en los barrios donde se concentra.
Con estas advertencias, Corbacho quería dar a entender que el PSC no va a aceptar pasivamente que CiU y PP utilicen contra los gobiernos municipales de la izquierda las tensiones sociales existentes en algunos municipios con elevadas concentraciones de inmigrantes. Sobre todo, porque la responsabilidad primera en el tratamiento de estos problemas corresponde al Gobierno central y al Gobierno de la Generalitat, que son, recuerda, los que han aprobado en las Cortes una ley sobre inmigración que no resuelve los problemas y los que tienen también a su cargo las fuerzas de seguridad, tanto a escala española como catalana.