'Un dictamen a la carta', según el PSOE
Javier Barrero, portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, calificó ayer de 'dictamen a la carta o a la medida, para pago de algún favor ', el obtenido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reintegración de Javier Gómez de Liaño a la judicatura.
Barrero manifestó que 'resultaría escandaloso que el CGPJ hiciera suyo ese informe, ya que el órgano de gobierno de los jueces debe de pronunciarse en términos de derecho y no puede cancelar unos antecedentes penales, porque no tiene competencias para ello'.
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Javier Barrero, portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, calificó ayer de 'dictamen a la carta o a la medida, para pago de algún favor ', el obtenido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reintegración de Javier Gómez de Liaño a la judicatura.
Barrero manifestó que 'resultaría escandaloso que el CGPJ hiciera suyo ese informe, ya que el órgano de gobierno de los jueces debe de pronunciarse en términos de derecho y no puede cancelar unos antecedentes penales, porque no tiene competencias para ello'.
El diputado socialista expresó su esperanza en que el CGPJ 'recupere su independencia respecto al Ejecutivo, que falta le hace, y no sólo apruebe una resolución jurídicamente correcta, sino también judicialmente oportuna, de modo que impida que un ex juez con antecedentes penales vuelva a ejercer como juez'.
Fuentes del Tribunal Supremo recordaron que incluso el Tribunal de Conflictos previó en su sentencia que Gómez de Liaño no podría volver a la carrera judicial hasta que transcurrieran los cinco años necesarios para la cancelación de sus antecedentes penales por cometer el delito de prevaricación continuada en la instrucción del llamado caso Sogecable.
Las mismas fuentes advirtieron del riesgo de que Gómez de Liaño actúe como juez sin tener cancelados sus antecedentes penales, ya que cualquier justiciable podrá pedir la nulidad de sus actuaciones, con apoyo en el artículo 303 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que incapacita para ejercer como juez, entre otros, a 'los condenados por delitos dolosos mientras no hayan obtenido la rehabilitación'.