Lucha por el artículo 18
Los sindicatos italianos se unen tras 20 años en una huelga general
La historia se repite en Italia. El enfrentamiento con los sindicatos que marcó el primer Gobierno de Silvio Berlusconi, en 1994, se repite ahora corregido y aumentado. Las consignas resuenan por todo el país, en preparación de la que será la primera huelga general que convocan los tres grandes sindicatos en 20 años. El objetivo: salvar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
La última vez que el sindicato de izquierda CGIL, el católico CSIL y el centrista laico UIL decidieron convocar un paro general gobernaba en Italia el democristiano Giovanni Spadolini, y en juego estaba la...
La historia se repite en Italia. El enfrentamiento con los sindicatos que marcó el primer Gobierno de Silvio Berlusconi, en 1994, se repite ahora corregido y aumentado. Las consignas resuenan por todo el país, en preparación de la que será la primera huelga general que convocan los tres grandes sindicatos en 20 años. El objetivo: salvar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
La última vez que el sindicato de izquierda CGIL, el católico CSIL y el centrista laico UIL decidieron convocar un paro general gobernaba en Italia el democristiano Giovanni Spadolini, y en juego estaba la llamada escala móvil, la norma que relacionaba los aumentos salariales con la inflación. Ha llovido mucho pero una cosa no ha cambiado, el enorme poder de los sindicatos italianos. Un poder que la patronal, Confindustria, intenta limitar, recurriendo al argumento de la crisis económica.
El Gobierno de centro-derecha ha asumido las quejas de la patronal y ha acusado a los sindicatos de frenar el desarrollo italiano. La prensa conservadora ha echado mano de las cifras para demostrar lo insostenible de la situación. En primer lugar, existe un foso imposible de salvar entre el norte y el sur en materia de trabajo. Mientras las cifras de paro no superan un 5% en el norte, en el sur se aproximan al 20%. El índice de actividad se situaba en 2000 en el 59,9%, el porcentaje más bajo de Europa, señalan. Para crear más ocupación es indispensable romper las viejas normas del Estatuto de los Trabajadores de 1970, empezando por el artículo 18 que garantiza la obligación de readmitir a un despedido injustamente.
Un artículo que representa un verdadero tabú para los sindicatos y los trabajadores italianos. Obviamente, el estatuto no rige para toda la población laboral. En Italia hay, al menos, ocho millones de jóvenes que trabajan con contratos temporales no protegidos por las antiguas normas. Los sindicatos temen, sin embargo, que ceder en este punto pueda tener consecuencias definitivas. Es difícil saber cual sería el impacto real de la supresión del artículo 18. Según algunos empresarios, como Umberto Agnelli, hermano del presidente honorario de la Fiat, Giovanni Agnelli, los efectos del artículo son muy limitados, al menos en las grandes empresas. Gobierno y patronal señalan, sin embargo, que una de las razones por las que no se crean suficientes puestos de trabajo en Italia reside, precisamente, en la rigidez del mercado de trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los trabajadores ven con horror la suspensión de un artículo que les garantiza el puesto; los empresarios no se atreven a contratar libremente mientras permanece sobre sus cabezas la espada de Damocles del artículo 18.
La batalla ha sido resumida con crudeza por los sindicatos, que preparan la huelga del 16 de abril. En juego están, explican, el despido libre y la desaparición de los convenios nacionales. En juego están las contribuciones de las empresas a la Seguridad Social, que el Gobierno está decidido a reducir en los nuevos contratos, y están, sobre todo, las pensiones.
En apoyo de sus reformas, Berlusconi ha citado los acuerdos de la reciente cumbre de Barcelona, en la que se decidió posponer la edad de jubilación cinco años. Sin flexibilidad laboral, ha dicho, no hay desarrollo. Sin respetar los derechos de los trabajadores no hay justicia social, responden los sindicatos, que recuerdan a Il Cavaliere que quien gobierna un país de 57 millones de personas no debe hacerse portavoz de la patronal.