Eudel aborda hoy la moción de apoyo a los concejales acosados tras urgirlo el PSE

La comisión ejecutiva de la Asociación de Municipios Vasco-Eudel se reúne hoy y abordará el contenido de la moción que su presidente quedó comisionado para redactar tras la reunión de los partidos con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el 22 de febrero.

Fuentes de Ajuria Enea señalaron ayer que Eudel ultimaría entre esta semana y la próxima el texto. Según ha podido saber EL PAÍS, el viernes pasado Ibarretxe y el presidente de la gestora del PSE, Ramón Jáuregui, mantuvieron una reunión, en la que éste le pidió que imprimiera ritmo al proceso de puesta en práctica de los acuerd...

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La comisión ejecutiva de la Asociación de Municipios Vasco-Eudel se reúne hoy y abordará el contenido de la moción que su presidente quedó comisionado para redactar tras la reunión de los partidos con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el 22 de febrero.

Fuentes de Ajuria Enea señalaron ayer que Eudel ultimaría entre esta semana y la próxima el texto. Según ha podido saber EL PAÍS, el viernes pasado Ibarretxe y el presidente de la gestora del PSE, Ramón Jáuregui, mantuvieron una reunión, en la que éste le pidió que imprimiera ritmo al proceso de puesta en práctica de los acuerdos alcanzados el 22 de febrero, en particular los que se refieren a la aprobación de la moción de los ayuntamientos, la constitución de mesas locales de partidos, el impulso a las plataformas cívicas de apoyo a los ediles amenazados y el compromiso de alcanzar antes de fin de año un acuerdo para dejar a Batasuna sin alcaldías tras las elecciones municipales. Ayer el líder socialista envió una carta a Ibarretxe resumiendo esos compromisos y adjuntando su propuesta de moción, que antes recibió el visto bueno de la gestora del partido.

A la reunión de hoy, en cuyo orden del día escrito no figura el tema, el vicepresidente, Alberto Buen Lacambra, socialista y alcalde de Irún, aportará esa propuesta de seis puntos. El más importante de ellos exige a los gobiernos central y vasco y a los partidos democráticos un 'acuerdo de fondo' en torno a la lucha antiterrorista, como instrumento más eficaz de estímulo y resistencia para los cargos públicos que sufren la persecución.