Columna

Ideas y personas

Como en una tragedia clásica, la víspera de que Redondo anunciara en Portugalete a los periodistas su decisión de no presentarse a la reelección como secretario general de los socialistas vascos (cargo que ocupó desde 1997 hasta su renuncia el pasado diciembre), la Comisión Gestora le había dado sustancialmente la razón -en términos estratégicos e ideológicos- con la presentación en Vitoria de la ponencia marco del Congreso Extraordinario que se celebrará a finales de marzo. Jáuregui y sus tres compañeros (el vizcaíno López, el guipuzcoano Huertas y el alavés Rojo) han sintetizado los document...

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Como en una tragedia clásica, la víspera de que Redondo anunciara en Portugalete a los periodistas su decisión de no presentarse a la reelección como secretario general de los socialistas vascos (cargo que ocupó desde 1997 hasta su renuncia el pasado diciembre), la Comisión Gestora le había dado sustancialmente la razón -en términos estratégicos e ideológicos- con la presentación en Vitoria de la ponencia marco del Congreso Extraordinario que se celebrará a finales de marzo. Jáuregui y sus tres compañeros (el vizcaíno López, el guipuzcoano Huertas y el alavés Rojo) han sintetizado los documentos de distinto signo que Eguiguren y Redondo habían preparado para la cancelada Conferencia Política. Si bien la extensión de los textos y las claves sin descodificar de las luchas partidistas aconsejen prudencia a la hora de sacar conclusiones, el cotejo de los tres documentos permite adelantar que la Comisión Gestora ha realizado con éxito su trabajo de integración.

La historia de los partidos (y de los Gobiernos desde que los votos del centro deciden las elecciones) ofrece ejemplos ad nauseam de la manipuladora utilización de las confrontaciones doctrinales a que suelen recurrir los grupos discrepantes para derribar primero a la dirección y apoderarse luego de sus ideas. Si no fuese porque ese tipo de estratagemas políticas son muy anteriores a las primeras reglas del fútbol (redactadas en 1863 alrededor de una mesa de la londinense Freeman's Tavern), se diría que los militantes de los partidos aprendieron ese eficaz procedimiento de los defensas leñeros que dejan pasar el balón pero no al hombre. Sea o no aplicable de manera estricta al caso de Redondo esa cainita tradición fraccional, el dimitido secretario general ha defendido un patrimonio de valores y de principios compartido por la gran mayoría de los 250.000 votantes de su partido; el abandono de la defensa del derecho a la vida y de las libertades de todos los ciudadanos del País Vasco a cambio de un entendimiento oportunista con el PNV sería no sólo una cobardía moral sino también el suicidio político de los socialistas.

La ponencia de la Gestora ratifica la línea defendida por Redondo desde el Pacto de Estella: de un lado, situarse 'junto a los perseguidos y a los demócratas, es decir, junto al PP' en todo lo relacionado con ' la defensa de la vida y la libertad' y con 'las convicciones democráticas y constitucionales'; de otro, repetir a los nacionalistas que se olviden de los socialistas 'mientras el fantasma del soberanismo y la autodeterminación guíen su proyecto de país'. La dosificada reproducción -a veces literal- de los documentos preparatorios de la frustrada Conferencia Política no impide advertir el estruendoso silencio de la ponencia sobre la propuesta del texto de Eguiguren -cautelosa en la forma e inquietante en el fondo- para iniciar un acercamiento al mundo ideológico del PNV: el primer paso en esa dirección sería la incorporación de los socialistas al debate de los nacionalistas sobre la autodeterminación para aclarar las intencionadas confusiones sembradas en torno a esa polisémica y neblinosa palabra.

Aunque varias páginas del texto realicen una devastadora crítica -incorporada parcialmente a la ponencia- de la maliciosa ambigüedad calculada sobre el independentismo desplegada por los nacionalistas mediante un artificioso vocabulario curialesco (soberanía originaria, derechos históricos, reintegración foral, autodeterminación, ámbito vasco de decisión, conflicto político, soberanismo, territorialidad, etc), el documento de Eguiguren termina cayendo en las trampas terminológicas tendidas por el PNV. Así, el modelo canadiense, patrocinado por Eguiguren y rechazado por Redondo, tomaría el relevo del espejo irlandés hecho trizas por la ruptura de la tregua de ETA: la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá de agosto de 1998 sobre los requisitos exigibles a una eventual secesión de Quebec (pregunta clara y mayoría cualificada en la consulta popular, reforma constitucional para acomodar la legalidad a la legitimidad, sustitución de la declaración unilateral de independencia por la negociación con el resto de la federación) podría justificar -según esa tesis- un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. De aceptar la Gestora la propuesta de Eguiguren, el equipo de arbitristas, rábulas y enredadores al servicio del PNV habría entrado en éxtasis.

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