Francino y la democracia
Con frecuencia, los políticos, cuando están en el poder, interfieren en determinadas decisiones que no les correspondería a ellos tomar, sino a los profesionales que ejercen como tales, sea el asunto que sea.
En la mayoría de los casos, esto ocasiona graves perjuicios para la sociedad, ya sean éstos económicos o de cualquier otra índole (perjuicios por los que nadie asume responsabilidades), debido a que los políticos ven las situaciones y las posibles soluciones desde una perspectiva partidista, encaminada a su mantenimiento en el poder.
Cuando esto ocurre en una cuestión ta...
Con frecuencia, los políticos, cuando están en el poder, interfieren en determinadas decisiones que no les correspondería a ellos tomar, sino a los profesionales que ejercen como tales, sea el asunto que sea.
En la mayoría de los casos, esto ocasiona graves perjuicios para la sociedad, ya sean éstos económicos o de cualquier otra índole (perjuicios por los que nadie asume responsabilidades), debido a que los políticos ven las situaciones y las posibles soluciones desde una perspectiva partidista, encaminada a su mantenimiento en el poder.
Cuando esto ocurre en una cuestión tan sensible y tan necesaria de libertad de actuación en el desempeño del trabajo profesional como son los medios de comunicación, y más concretamente -como parece que ha ocurrido en el caso de Carles Francino- en TV-3, el problema afecta a los propios fundamentos de la democracia, ya que entran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que, parece ser, se pueden privar desde un medio de comunicación público, pagado por ellos mismos, de una información veraz, profesional e imparcial.
Algo tan grave como esto debería preocupar seriamente no sólo a los propios profesionales de la comunicación, sobre los cuales pendería continuamente una espada de Damocles en función de lo que pensara el político o jefe de turno, sino también, y mucho, a toda la sociedad, ya que con asuntos como éste -o como el de los profesores y profesoras de religión despedidos de sus puestos de trabajo por la Iglesia católica, saltándose ésta derechos consagrados en nuestra Constitución- es la propia democracia la que se pone en entredicho.