La consejera quiere establecer un mayor control disciplinario
La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, rechazó ayer que la conflictividad en el reformatorio El Pinar se deba a que está gestionado por una asociación privada. 'El problema es que, como no está desarrollado el reglamento de la Ley del Menor, los educadores carecen de herramientas legales para aplicar el principio de autoridad. En estos centros debe haber medidas educativas, pero también control disciplinario. Hay que definir el concepto de contención física y especificar qué medidas aplicar cuando un chaval tiene una reacción muy agresiva, a fin de evitar que los educadores te...
La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, rechazó ayer que la conflictividad en el reformatorio El Pinar se deba a que está gestionado por una asociación privada. 'El problema es que, como no está desarrollado el reglamento de la Ley del Menor, los educadores carecen de herramientas legales para aplicar el principio de autoridad. En estos centros debe haber medidas educativas, pero también control disciplinario. Hay que definir el concepto de contención física y especificar qué medidas aplicar cuando un chaval tiene una reacción muy agresiva, a fin de evitar que los educadores teman sanciones y denuncias', apostilló.
'Yo ya dije que era una barbaridad sacar a jóvenes de las cárceles y llevarlos a estos centros educativos; habría que haber ido incrementando los contenidos educativos de las prisiones', se quejó Martínez. 'Con la ley ha aumentado la población juvenil internada en estos centros de reforma y también su edad y la gravedad de los delitos cometidos. Tenemos un 45% de población extranjera y un 44% de internos con amplia experiencia carcelaria. Asumir todo esto requiere tiempo para afianzar los equipos educativos, y comprensión por la sociedad', prosiguió.
'Se nos critica porque en El Pinar hayamos optado por un modelo de gestión mixta, cuando así lo hacen también Aragón y Castilla-La Mancha, mientras otras regiones como Andalucía, Melilla, Murcia y Navarra tienen una gestión privada de los reformatorios'.
Fugas, agresiones y motines
La diputada socialista Elena Vázquez interpeló a la consejera: 'Usted dice que en el reformatorio Renasco también hay problemas, pero en estos meses ha habido sólo una fuga. ¿Por qué? Porque es un centro organizado, lo que no es El Pinar'.
Martínez respondió que de marzo a diciembre de 2000, en el Renasco, de gestión pública, hubo 'siete motines, 10 fugas, nueve intentos fallidos y 15 agresiones a educadores. En los 15 últimos días, 15 trabajadores se han dado de baja'. Y agregó: 'Este problema también lo tienen otras comunidades, como Andalucía o Cataluña'.
Vázquez mostró su preocupación por aspectos económicos del convenio suscrito con Cicerón: 'En dicho convenio se dice que para calcular el coste del personal de El Pinar se usaba el correspondiente al personal laboral de la Comunidad. Pero el sueldo bruto de un monitor de la Comunidad es de 3.150.000 pesetas, y el de Cicerón, 1.900.000; esa diferencia, multiplicada por los 25 educadores que había hasta agosto, suma 39 millones, que, suponemos, van a las arcas de esa entidad. Como esos sueldos se han subido tras dos plantes de los educadores, en junio y en septiembre, esa cantidad puede rebajarse a 20 millones, pero aun así es un despropósito'.