El juez remite el 'caso Isla Chica' al TSJA y señala como imputado al alcalde de Huelva
El fiscal ve indicios de prevaricación y malversación del alcalde en la venta del estadio Colombino
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Valerdi Múgica, acordó ayer remitir la instrucción sobre el denominado caso Isla Chica al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a fin de que se tome declaración como imputado al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del Partido Popular, que también es parlamentario en la Cámara autonómica. El fiscal Francisco Ontiveros solicitó al juez la imputación del alcalde por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos en la venta y recalificación del Estadio Colombino, ubicado en la barriada de Is...
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Valerdi Múgica, acordó ayer remitir la instrucción sobre el denominado caso Isla Chica al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a fin de que se tome declaración como imputado al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del Partido Popular, que también es parlamentario en la Cámara autonómica. El fiscal Francisco Ontiveros solicitó al juez la imputación del alcalde por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos en la venta y recalificación del Estadio Colombino, ubicado en la barriada de Isla Chica.
En el auto de remisión de diligencias al TSJA el juez añade, además, un presunto delito contra la ordenación del territorio e indica que tras las pruebas practicadas puede deducirse 'responsabilidad penal de Pedro Rodríguez'.
La venta de los terrenos del estadio Colombino, en Isla Chica, realizada en 1999 por el Ayuntamiento de Huelva a la inmobiliaria Odeinsa, por 2.700 millones de pesetas, se ha convertido en el principal obstáculo con el que se ha tropezado Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez, en estos días, se había dedicado a restar importancia al caso Isla Chica y a repetir que el Fiscal aconsejaría finalmente el archivo de la causa. Ahora se ha encontrado con un informe demoledor por parte de la acusación pública. Entre otras cosas, el fiscal, en un escrito de 15 folios, explica: 'En el presente caso, el aforado señor Rodríguez González, al no seguir, consciente y deliberadamente, el camino marcado por el interventor municipal, aprobando el avance de modificación puntual del PGOU, entró en la ilegalidad clara y manifiesta'.
El informe se refiere a las numerosas modificaciones urbanísticas realizadas para la venta del estadio, y en el posterior proyecto de construcción en ese suelo de 570 viviendas, que contaron con una sucesión de informes en contra por parte del interventor y del secretario municipal.
Entre otras cosas, el fiscal subraya que los 2.700 millones de pesetas obtenidos con la venta del estadio 'se desviaron a una sociedad privada, que nada tenía que ver con los intereses públicos'. Esa sociedad es la empresa Huelva Deporte, creada tras la venta del Colombino. El informe concluye diciendo que 'se desprende de lo actuado una imputación de hechos contra el aforado individualizada y verosímil'.
Mientras, el juez Valerdi Múgica observa en su auto la existencia de numerosos indicios de delito, 'suficientes para considerar que el proceso global no hubiera podido seguirse sin el conocimiento y directa intervención, colaboración, y hasta dirección en determinados aspectos del querellado'.
El juez añade que: 'procede considerar claros y numerosos indicios de una larga y continuada actuación iniciada en los primeros meses de 1999 y mantenida hasta el presente año, que incluye numerosas actividades y acuerdos con apariencia de resultar no ajustados a la legalidad'.
El caso Isla Chica se inició tras la denuncia interpuesta en marzo contra Pedro Rodríguez por cuatro integrantes de una plataforma vecinal, que defienden que el suelo que ahora ocupa el estadio Colombino siga siendo zona verde. La barríada de Isla Chica es una de las más masificadas de la ciudad. A esa denuncia se personaron el portavoz del PSOE, José Juan Díaz Trillo, y el secretario provincial de UGT, José María Muñoz.
Al conocer la noticia, el alcalde de Huelva señaló que: 'prefiero ir a la cárcel antes de que desaparezca el Recreativo'. Rodríguez ha mantenido que la operación se hizo para convertir al club decano de fútbol en sociedad anónima deportiva y evitar su desaparición. El Recreativo tiene un capital social de 1.700 millones de pesetas.