Los socialistas piden que se paralicen las expropiaciones para construir el aeropuerto de Castellón

El afán dialogante y la búsqueda de consenso entre los diferentes grupos políticos de la Diputación de Castellón está algo más que resquebrajado. Pese a los intentos del presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, por aunar fuerzas para sus proyectos y los del portavoz del grupo socialista, Enrique Navarro, por consensuar materias prioritaria, las diferencias surgen incluso por motivos ajenos a la provincia. Ayer, Navarro presentó una moción a debatir en pleno para que se paralice el proceso de expropiación de los casi 5,5 millones de metros cuadrados necesarios para la construcción...

El afán dialogante y la búsqueda de consenso entre los diferentes grupos políticos de la Diputación de Castellón está algo más que resquebrajado. Pese a los intentos del presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, por aunar fuerzas para sus proyectos y los del portavoz del grupo socialista, Enrique Navarro, por consensuar materias prioritaria, las diferencias surgen incluso por motivos ajenos a la provincia. Ayer, Navarro presentó una moción a debatir en pleno para que se paralice el proceso de expropiación de los casi 5,5 millones de metros cuadrados necesarios para la construcción de las futuras instalaciones aeroportuarias. El motivo que arguyó el portavoz socialista fue claro y con origen en las afirmaciones realizadas por los máximos responsables en la materia: Aena y el Ministerio de Fomento. El presidente de la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Carlos Medrano, afirmó la semana pasada, sin dejar lugar a dudas, que el futuro aeropuerto no entrará a formar parte de esta entidad pública puesto que lo integran únicamente aquellos que son de interés general. Con esta afirmación, Medrano dejaba claro que el aeropuerto de Castellón sería privado. Por su parte, el Ministerio de Fomento, en boca del secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, limitó el apoyo a la concesión de espacio aéreo y a la facilidad en la concesión de los permisos necesarios para su construcción. 'Para nosotros, apoyar la iniciativa de un aeropuerto que parte de otra Administración es facilitar todas las cuestiones relativas a la navegación aérea y los permisos correspondientes por parte de la Dirección General de Aviación Civil', dijo Blanco.

Con estos antecedentes, Enrique Navarro considera que antes de seguir con el proceso de expropiación se deberían aclarar cuestiones tan fundamentales como quién va a pagar los 15.000 millones de pesetas que costará la instalación que abandera Fabra y cómo se desarrollará la gestión. Para ello, el portavoz socialista ha solicitado la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del aeropuerto, creada en septiembre de 1999 y nunca convocada, según dijo.

Mientras, las administraciones se han gastado ya cerca de 400 millones de pesetas en proyectos y estudios como el de ubicación, plan director o el visado del proyecto en el colegio de ingenieros aeronáuticos que ayer mismo aprobó la comisión de gobierno de la diputación. A todo ello hay que unir, no sólo el apoyo explícito otorgado por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, sino el convenio por 1.800 millones que el Consell aprobó para el pago de las expropiaciones del terreno elegido para el aeropuerto, entre Cabanes y Vilanova de Alcolea. Para Navarro, un suelo se compra 'cuando se sabe si se tiene dinero para construir y mantener la construcción', tras lo que recriminó a Fabra el considerar la diputación como su 'casa'. 'Ésta no es la casa de Carlos Fabra, sino la de todos los ayuntamientos y no se puede comprometer su futuro', señaló.

Las dudas de los socialistas no sólo se refieren a la ausencia de compromisos sobre la financiación del aeropuerto, sino también a si los 1.800 millones de pesetas serán suficientes para pagar las expropiaciones e incluso a qué se hará con el suelo si el aeropuerto no se construye.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, se limitó ayer a decir que la comisión se convocará 'cuando se crea conveniente' y que Fabra informará sobre la financiación y la gestión 'cuando lo crea oportuno'.