La Comunidad niega malos tratos
Esperanza García, gerente del Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad, reconoció ayer que un juez ha ordenado cerrar el módulo cero del reformatorio El Pinar tras una querella de la fiscalía, pero rechazó que en este centro 'hayan existido malos tratos a menores'. 'Sí ha habido agresiones de menores a educadores que han llevado a éstos al hospital', subrayó. García apuntó que 'no existe ningún módulo de aislamiento' en El Pinar, que la distribución de los menores en los módulos se hace de acuerdo 'con la edad y madurez del menor' y que el módulo se rige 'por las normas de funcionamien...
Esperanza García, gerente del Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad, reconoció ayer que un juez ha ordenado cerrar el módulo cero del reformatorio El Pinar tras una querella de la fiscalía, pero rechazó que en este centro 'hayan existido malos tratos a menores'. 'Sí ha habido agresiones de menores a educadores que han llevado a éstos al hospital', subrayó. García apuntó que 'no existe ningún módulo de aislamiento' en El Pinar, que la distribución de los menores en los módulos se hace de acuerdo 'con la edad y madurez del menor' y que el módulo se rige 'por las normas de funcionamiento interno'. 'El módulo cero suele utilizarse para los menores que llegan nuevos al centro, para ver su evolución', aclaró.
La gerente añadió que la 'falta de habitabilidad' que aduce el juez en su auto de clausura se debe a que, ciertamente, hay desperfectos en los enseres, pero que están en vías de arreglo. García recordó que la Comunidad hizo 'una fuerte inversión en este centro, pero las cosas se deterioran y se arreglan'.
Respecto a que se haya atado con esposas a la cama a menores, indicó que se trata de 'medidas de contención' previstas en la ley, que excepcionalmente se aplican a aquellos menores que sufren 'una explosión de violencia' para que ni ellos 'se autolesionen ni lesionen a terceros'. García negó, asimismo, que la cifra de sanciones a menores sea superior en El Pinar que en los otros centros madrileños. Y, además, consideró 'imprescindible' que se elabore un reglamento estatal que regule el funcionamiento de estos centros, para evitar 'que cuestiones relativas a la ejecución de las medidas cautelares puedan ser interpretadas subjetivamente'.