Prisión a los 40 por insumiso

Carlos Sánchez Crestar, un coruñés de 40 años, profesor de inglés y de informática en el instituto público Alfredo Brañas de Carballo (A Coruña), está viviendo la clásica pesadilla que sufrieron muchos jóvenes después de cumplir el ahora extinto servicio militar: que los llamaban de nuevo a filas. Carlos Sánchez no hizo la mili porque se declaró insumiso en 1990, pero la máquina judicial que se puso en marcha al negarse a prestar servicio, militar o social, le ha alcanzado. De no prosperar un último recurso que sus abogados presentarán hoy, este fin de semana será el último que pase en liberta...

Carlos Sánchez Crestar, un coruñés de 40 años, profesor de inglés y de informática en el instituto público Alfredo Brañas de Carballo (A Coruña), está viviendo la clásica pesadilla que sufrieron muchos jóvenes después de cumplir el ahora extinto servicio militar: que los llamaban de nuevo a filas. Carlos Sánchez no hizo la mili porque se declaró insumiso en 1990, pero la máquina judicial que se puso en marcha al negarse a prestar servicio, militar o social, le ha alcanzado. De no prosperar un último recurso que sus abogados presentarán hoy, este fin de semana será el último que pase en libertad en dos años, cuatro meses y un día.

'Tengo la sensación de que he perdido una batalla personalmente, después de haber ganado colectivamente la guerra contra el servicio militar. Le ha pasado a muchos, que han pagado facturas muy altas por sus ideas, y creo que hay 10.000 casos pendientes. Lo raro de mi caso es que la batalla la he perdido después de que ganásemos', reflexiona el primer día después de conocer la decisión judicial.

'He perdido una batalla personal después de ganar la guerra contra el servicio militar'

Carlos Sánchez Crestar utiliza el plural porque lleva exactamente la mitad de su vida afiliado a la CNT. Esa militancia le llevó a objetar primero, en 1988, y dos años después, a no presentarse en un hogar del pensionista de Cáceres al que le habían destinado para realizar la prestación social sustitutoria (PSS). Era el 20 de diciembre de 1990 y tenía ya 30 años, 'una edad en la que ya no estaba obligado a realizar la PSS, según la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia', asegura su abogado, Joaquín de la Vega.

La primera consecuencia judicial, una citación, tardó dos años en producirse. Cuatro más tarde, en 1996, el titular del Juzgado Penal número 3 de A Coruña, Raimundo San Adrián Otero, le condenó a un mes de inhabilitación, pese a que la petición fiscal era de tres años. El ministerio público recurrió y un año más tarde la Sección Quinta de la Audiencia Provincial coruñesa elevó la pena a dos años, cuatro meses y un día de prisión y a inhabilitación absoluta durante la condena.

Carlos Sánchez presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tres años después, en septiembre de 2000, resolvió no admitirlo. En diciembre, en un último intento de paralizar la ejecución de la sentencia, los letrados Manuel Meiriño y Joaquín de la Vega enviaron un escrito solicitando la intervención de la fiscalía, que no se pronunció. Anteayer, miércoles, el juez San Adrián Otero emitió la orden de ingreso inmediato en prisión por sentencia firme.

'Sabemos que el juez ha hecho lo humanamente posible para evitar que se produzca una injusticia, pero es que los legisladores han trasladado la resolución de un conflicto a los tribunales', asegura Joaquín de la Vega. Su cliente tiene un punto de vista más descarnado: 'La maquinaria de la justicia es ciega, y tiene que aplicar una mala ley hecha para reprimir un problema social', asegura el condenado.

El profesor Sánchez Crestar no ha querido acogerse a los beneficios del nuevo Código Penal, que podrían haber convertido la pena de cárcel en seis u ocho años de inhabilitación. 'Sería un mal mayor, porque ir a prisión es malo, pero en mi profesión, y a mis años, no tener trabajo sería peor', asegura el insumiso, que también es consciente de que otros en su caso han obtenido el tercer grado en días. 'Eso hace más absurda la cuestión: condenar a alguien por sus ideas y liberarlo durante el día sin que haya arrepentimiento'.

De hecho, la pena de cárcel lleva aparejada la inhabilitación, por lo que el profesor Sánchez Crestar podría dejar de serlo, al menos como funcionario público. 'Antes, la inhabilitación era de por vida. Ahora, la ley indica que al término de la condena estudiará el reingreso una comisión', aclara el docente insumiso.

Desde el pasado miércoles, Carlos Sánchez se ha hecho a la idea de que el próximo lunes no será una vuelta más al trabajo. 'Supongo que acabaré yendo a prisión, o, más bien, que me acabarán llevando. Yo, desde luego, no me presento'.