El Poder Judicial pide garantías de asistencia especializada para los menores detenidos

El informe, de 35 folios, elaborado por los vocales Esther Giménez-Salinas, Rafael Fernández Valverde y Ramón Sáez da cuenta al pleno del CGPJ de las anomalías apreciadas en la aplicación de la ley y propone algunas soluciones. Los tres miembros de la comisión de seguimiento resaltan el papel 'primordial' que la ley atribuye a los denominados equipos técnicos -integrados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales- para asesoramiento, informe y propuesta al juez de menores.

La falta de medios y de disponibilidad de estos equipos técnicos indujo hace un mes a una juez de menores d...

El informe, de 35 folios, elaborado por los vocales Esther Giménez-Salinas, Rafael Fernández Valverde y Ramón Sáez da cuenta al pleno del CGPJ de las anomalías apreciadas en la aplicación de la ley y propone algunas soluciones. Los tres miembros de la comisión de seguimiento resaltan el papel 'primordial' que la ley atribuye a los denominados equipos técnicos -integrados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales- para asesoramiento, informe y propuesta al juez de menores.

La falta de medios y de disponibilidad de estos equipos técnicos indujo hace un mes a una juez de menores de Madrid a dejar en libertad a un joven de 17 años, supuestamente implicado en un homicidio ocurrido un mes antes porque no había sido examinado por el equipo técnico, como exige la ley.

Sin técnicos de guardia

El informe analiza la situación en cada una de las comunidades autónomas y, respecto a la de Madrid, señala que los equipos técnicos están compuestos por 36 profesionales, más dos médicos forenses y psiquiatras, pero 'plantean un grave problema al no tener establecidas guardias, por lo que los jueces de menores se ven imposibilitados para adoptar medidas cautelares por las tardes y fines de semana'.

A la vista de esta situación, que se produce también en otras comunidades autónomas, una de las conclusiones del informe es que 'se debe solucionar con urgencia por el Ministerio de Justicia y comunidades autónomas el grave problema' de 'la falta de prestación del servicio de guardia de los equipos técnicos, que obliga a mantener innecesariamente detenidos a los menores hasta el momento en que la audiencia previa a la adopción de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal al Juez de Menores pueda celebrarse con la asistencia de dicho equipo técnico'.

La comisión de seguimiento valora 'muy positivamente' la ley y asegura que en su medio año de aplicación 'no han existido problemas graves'. Sin embargo, aprecia 'posibles reformas' de la ley, entre otros objetos, para 'mejorar el tratamiento de la posición jurídica de la víctima', a la que no se le permite personarse en el proceso contra el menor, si éste tiene menos de 16 años, 'lo cual supone una clara discriminación por razón de la edad del menor infractor', dice.

Otra deficiencia observada es la no creación del registro central de sentencias firmes en el Ministerio de Justicia. El informe del CGPJ cree 'urgente su puesta en funcionamiento, para llevar a cabo correctamente la ejecución de las medidas'. También se estima 'urgente la ampliación de plantillas de los juzgados de menores, integrada por 71 órganos judiciales unipersonales', así como 'imprescindible' la especialización de los magistrados que forman las Salas de Menores de segunda instancia, 'para garantizar el cumplimiento de los principios inspiradores' de la ley. La comisión de seguimiento propone al CGPJ que, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley, en enero de 2002, realice un estudio sociológico sobre su impacto 'desde el punto de vista jurídico criminológico'.

Reglamento urgente

El informe que hoy estudiará el pleno del CGPJ considera 'urgente la publicación de un reglamento de ámbito estatal' que regule la composición, funciones y guardias de los equipos técnicos; el desarrollo y regulación de las medidas previstas en la ley tanto en centros abiertos como cerrados; la delimitación de competencias entre los jueces de menores y de vigilancia penitenciaria, y el sistema de retribuciones de las visitas de los jueces de menores a esos centros.

Otra propuesta es que se determine por los órganos estatales y autonómicos afectados si los centros de internamiento de menores detenidos, puestos a disposición de fiscales y jueces de menores por la policía, deben ser facilitados por el Estado o las diferentes comunidades autónomas, 'para evitar los graves problemas de competencias en esta materia que se están produciendo'.

Los tres vocales proponen la creación de un foro de debate e información, como el que ya existe sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil en la página web del Consejo General del Poder Judicial.