El Gobierno ordena a la Guardia Civil que abandone el traslado de los menores delincuentes

Pérez Saldaña tenía prevista una reunión con los fiscales de Menores con el guión claro y muy similar a la que ya mantuvo con los jueces a principios de semana. Sin embargo, la carta de la Guardia Civil en la que se avisaba a los fiscales de que iban a dejar de realizar los traslados de los menores delincuentes en aquellas poblaciones en las que hubiera destacados agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía abrió un nuevo debate y un nuevo desencuentro entre las administraciones central y autonómica sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
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Pérez Saldaña tenía prevista una reunión con los fiscales de Menores con el guión claro y muy similar a la que ya mantuvo con los jueces a principios de semana. Sin embargo, la carta de la Guardia Civil en la que se avisaba a los fiscales de que iban a dejar de realizar los traslados de los menores delincuentes en aquellas poblaciones en las que hubiera destacados agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía abrió un nuevo debate y un nuevo desencuentro entre las administraciones central y autonómica sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, considera que la Delegación del Gobierno hace una interpretación errónea de la citada ley y que las competencias de los traslados de los menores con penas de privación de libertad no son competencia autonómica en ningún caso.

Malos modos

Perales critica además los modos y asegura que en una carta remitida el pasado 29 de mayo y firmada por el secretario de Estado para la Seguridad, Pedro Morenés, se aseguraba que las Guardia Civil se haría cargo de estos traslados. El titular de Gobernación asegura que este tema se debía de haber afrontado de una manera más dialogante y 'frente a una mesa'. La policía autonómica cuenta con alrededor de 300 agentes, muchos de ellos son recién llegados a sus destinos. Aún quedan alrededor de 200 agentes para completar el contingente solicitado por la Junta.

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Torres, sostiene que la competencia es exclusiva de las autonomías y añade que además la Junta debe de facilitar los asistentes sociales y los psicólogos que deben acompañar a los menores según la ley.

El delegado del Gobierno en Andalucía se mostró sorprendido con las afirmaciones de Pérez Saldaña, y aseguró que lo había 'cerrado' con el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, que es quien tiene las competencias sobre política interior en Andalucía, informa Efe. En este sentido, aseguró que la Delegación del Gobierno no tiene 'ninguna discrepancia' con la Junta, por lo que recomendó al consejero de Asuntos Sociales que 'hable con sus compañeros de gabinete antes de hacer afirmaciones sobre cosas que no son de su competencia'.

Por su parte, Perales aseguraba ayer que no había recibido ningún tipo de información al respecto sobre esta medida y mucho menos sobre la sorpresa con la que se ha comunicado.

Este tema añade una pizca de sal a las ya existentes discrepancias entre la Junta y el Gobierno sobre cómo afrontar las necesidades que plantea la ley penal del menor. Pérez Saldaña insistió ayer en la, a su juicio, necesidad de que el Gobierno central contribuya con fondos a los 23.000 millones de pesetas que la Junta va a gastar para poner a puntos las exigencias de material e infraestructuras que pide la ley. El consejero de Asuntos Sociales también pide que se transfiera a Andalucía un cuerpo de funcionarios de prisiones y que se cedan inmuebles carcelarios en desuso.

En Andalucía hay 300 jóvenes en seis centros de régimen cerrado y otros tantos de semiabierto. A causa de las revisiones de los casos de aquellos menores que delinquieron antes de la entrada en vigor de la ley esta población aumentará. La junta también es partidaria que la prisión preventiva de los menores se prolongue hasta que haya sentencia firme.