El consejero Mas-Colell y los rectores catalanes apoyan a Arola en el juicio por prevaricación
La consejera Rigau, llamada a declarar como testigo en el caso de la profesora Albert
Junto al rector de la URV se sentará en el banquillo de los acusados el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) de este centro, Joan Igual.
Numerosos políticos de la provincia, entre ellos el presidente de la intercomarcal de CDC, Joan Aregio; el presidente de la Diputación, Josep Mariné, y el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, ya han confirmado su presencia y su asistencia a la concentración convocada desde la Oficina del Estudiante de la URV en el exterior de los juzgados.
El juicio contra Arola, a quien el fiscal acusa de haber apartado d...
Junto al rector de la URV se sentará en el banquillo de los acusados el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) de este centro, Joan Igual.
Numerosos políticos de la provincia, entre ellos el presidente de la intercomarcal de CDC, Joan Aregio; el presidente de la Diputación, Josep Mariné, y el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, ya han confirmado su presencia y su asistencia a la concentración convocada desde la Oficina del Estudiante de la URV en el exterior de los juzgados.
El juicio contra Arola, a quien el fiscal acusa de haber apartado del tribunal de corrección de los exámenes de selectividad de 1999 a la profesora de gramática española Josefina Albert como represalia por haber acudido al Defensor del Pueblo y cuestionado ante él la posible discriminación del castellano en la prueba de acceso a la universidad, se inicia hoy después de su suspensión el pasado 19 de abril. La juez, María José Gago, declaró su incompetencia puesto que había dictado una providencia durante la fase de instrucción. El TSJC, finalmente, consideró que la juez sí era competente, por lo que se convocó una nueva fecha para la vista oral. El fiscal pide ocho años de inhabilitación para los dos acusados por el delito de prevaricación, y solicita una indemnización de 500.000 pesetas a favor de Josefina Albert por daño moral. La acusación particular, por su parte, demanda ocho años y seis meses de inhabilitación para cada uno de los acusados por un delito de prevaricación y dos años y seis meses de inhabilitación, también para ambos, por un delito contra los derechos individuales. Paralelamente, la acusación particular solicita una indemnización de 10.120.000 pesetas para la profesora Albert en concepto de daños morales.
En el proceso se verá obligada a declarar como testigo la actual consejera de Bienestar Social de la Generalitat, Irene Rigau, que entonces ocupaba la secretaría del Consejo Interuniversitario. Además de Rigau, también deberá declarar el vicerrector de la URV, Estanislau Pastor, así como varios decanos de esta universidad y el profesor José María Fernández, quien, al igual que Albert, fue apartado del tribunal de corrección y vigilancia de las pruebas de acceso a la universidad por razones similares. La URV siempre ha asegurado que cumplió la normativa vigente.