Vizcaya recurre la anulación por Bruselas de las ayudas al 'ferry' de Portsmouth
La Diputación de Vizcaya ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, la decisión de la Comisión Europea (CE) de considerar ayudas de Estado, e 'incompatibles con el mercado común europeo', las subvenciones por importe de 985,5 millones de pesetas concedidas entre 1995 y 1998 a la compañía que explota el ferry Pride of Bilbao. Estas ayudas se articularon mediante la compra masiva de billetes para repartirlos entre colectivos desfavorecidos y promover los viajes para la Tercera Edad dentro del programa Adineko.
La resolución de Bruselas, que obliga...
La Diputación de Vizcaya ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, la decisión de la Comisión Europea (CE) de considerar ayudas de Estado, e 'incompatibles con el mercado común europeo', las subvenciones por importe de 985,5 millones de pesetas concedidas entre 1995 y 1998 a la compañía que explota el ferry Pride of Bilbao. Estas ayudas se articularon mediante la compra masiva de billetes para repartirlos entre colectivos desfavorecidos y promover los viajes para la Tercera Edad dentro del programa Adineko.
La resolución de Bruselas, que obliga a España a adoptar las medidas necesarias para que la compañía marítima Ferries Golfo de Vizcaya devuelva 'sin dilación' los 985,5 millones de pesetas que recibió del ente foral. El recurso no exime a la Diputación de la obligación de ejecutar de inmediato la decisión de la CE.
Vizcaya mantiene que los 46.500 bonos canjeables por billetes que compró a la compañía que explota la línea Santurtzi-Portsmouth no son ayudas de Estado, una tesis que viene manteniendo desde que este asunto llegó hasta la Bruselas en 1992, por las denuncias interpuestas por la empresa Brittany Ferries. Esta compañía, que explota la línea Plymouth-Santander, se consideró perjudicada por el apoyo público a la empresa rival. Bruselas ha considerado que el acuerdo entre la Diputación y el ferry infringe el artículo 93 del Tratado de la Unión Europea.
El recurso interpuesto por la Diputación de Vizcaya, que no anula la devolución de las ayudas establecida por la Comisión Europea, es el último capítulo del asunto. Se inició en 1992, cuando el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo y la Diputación vizcaína firmaron un acuerdo con la compañía Ferries Golfo de Vizcaya, que explota la línea Portsmouth-Bilbao, por el que se comprometieron a adquirir entre marzo de 1993 y marzo de 1996 un total de 26.000 billetes por un importe de 911,8 millones de pesetas. Los billetes se pagarían incluso si no se realizaban los viajes.
Este acuerdo fue denunciado por Brittany Ferries, que explota la línea de pasajeros entre Plymouth y Santander, lo que motivó que la Comisión Europea abriera un procedimiento. Las autoridades vascas decidieron entonces suspender el acuerdo, lo que provocó el cierre de la investigación en Europa. Sin embargo, la Diputación vizcaína decidió dos años después, el 7 de marzo de 1995, firmar un nuevo convenio con la empresa que explota el ferry Pride of Bilbao, por el que se comprometía a comprar entre 1995 y 1998 un total de 46.500 bonos canjeables por billetes, por un valor de 985,5 millones de pesetas. De rebote, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que falló el 28 de enero de 1999 sobre un asunto similar, desencadenó la reapertura por Bruselas de un procedimiento para estudiar el caso vizcaíno, que ha terminado dando un fuerte varapalo a los dos acuerdos firmados por las autoridades vascas con la empresa marítima.
La Comisión Europea considera que el Departamento de Turismo y el ente foral vizcaíno financiaron en el primer acuerdo a la compañía 'en unas condiciones que no son las usuales del mercado'. Igualmente se pronuncia en contra del segundo acuerdo, que sólo suscribió la Diputación vizcaína, y que aumentaba 'de forma artificial' la compra de billetes de los 26.000 inicialmente pactados hasta los 46.500.
Bruselas reprocha también a las autoridades vascas que permitieran a Ferries Golfo de Vizcaya quedarse con el dinero público recibido del primer convenio lo, que en su opinión, 'corrobora la naturaleza no comercial del acuerdo'. La decisión de la Comisión obliga a la compañía a devolver de forma 'inmediata' los 985,5 millones que recibió de las arcas vizcaínas, independientemente del recurso.