La presión de los comunistas bloquea la ley francesa contra los despidos
La rotunda negativa del Partido Comunista a votar a favor de la ley de 'modernización social', que incluye diversas medidas para complicar la vida de las empresas a la hora de efectuar despidos, obligó ayer al primer ministro francés, el socialista Lionel Jospin, a retrasar el voto de esta disposición hasta el 13 de junio. Intenta así dar tiempo para resolver los enfrentamientos surgidos entre los partidos de izquierda que integran la mayoría parlamentaria en Francia, y que esencialmente proceden del intento comunista de someter las reestructuraciones empresariales a una autorización judicial ...
La rotunda negativa del Partido Comunista a votar a favor de la ley de 'modernización social', que incluye diversas medidas para complicar la vida de las empresas a la hora de efectuar despidos, obligó ayer al primer ministro francés, el socialista Lionel Jospin, a retrasar el voto de esta disposición hasta el 13 de junio. Intenta así dar tiempo para resolver los enfrentamientos surgidos entre los partidos de izquierda que integran la mayoría parlamentaria en Francia, y que esencialmente proceden del intento comunista de someter las reestructuraciones empresariales a una autorización judicial previa.
De haber seguido adelante con la votación, la ley habría sido rechazada (Los Verdes proyectaban abstenerse y los comunistas, junto con toda la derecha, iban a votar no) y se habría producido una crisis en el Gobierno de la izquierda plural. A primera hora de la mañana, Jospin llamó al presidente de la Asamblea, Raymond Forni, y se decidió el aplazamiento.
Forni explicó más tarde a un grupo de corresponsales que este aplazamiento 'va a hacer muy difícil que la ley de modernización social pueda aprobarse antes del fin del periodo parlamentario de sesiones, que termina el 30 de junio', porque queda el trámite del Senado y vuelta de nuevo a la Asamblea. 'El Partido Comunista contrae una grave responsabilidad', añadió Forni.
El retraso implica que los despidos continuarán rigiéndose por el derecho actual y no por el nuevo, que duplica la indemnización por despido y obliga a las empresas a consultar al comité antes de decidir un plan de reestructuración. También incluye la obligación de pagar durante seis meses al trabajador para que busque otro empleo (plazo que se eleva a nueve meses para los despedidos de más de cincuenta años de edad), si bien la medida se limita a empresas de más de 1.000 trabajadores, a las que también obliga a 'reindustrializar' aquellas zonas donde cierren una fábrica. Pero estas medidas resultan insuficientes para los miembros no socialistas de la mayoría parlamentaria de izquierdas.