Nueva oportunidad para el diálogo

El último desahucio de inmigrantes chabolistas en El Ejido (Almería) efectuado por orden del alcalde de esta localidad, Juan Enciso, del PP, vuelve a poner en evidencia la necesidad de resolver de forma inmediata el problema de los alojamientos para los temporeros que se asientan en la zona. Las precarias chabolas de las Cumbres de Tierras de Almería alojaban esta vez a muchos trabajadores con sus papeles en regla, con permisos de trabajo y de residencia, pero sin capacidad alguna para acceder a una vivienda digna.

Todo hace indicar que Enciso continuará con su política de erradicar de ...

El último desahucio de inmigrantes chabolistas en El Ejido (Almería) efectuado por orden del alcalde de esta localidad, Juan Enciso, del PP, vuelve a poner en evidencia la necesidad de resolver de forma inmediata el problema de los alojamientos para los temporeros que se asientan en la zona. Las precarias chabolas de las Cumbres de Tierras de Almería alojaban esta vez a muchos trabajadores con sus papeles en regla, con permisos de trabajo y de residencia, pero sin capacidad alguna para acceder a una vivienda digna.

Todo hace indicar que Enciso continuará con su política de erradicar de su término municipal estos núcleos, donde malviven decenas de inmigrantes en condiciones infrahumanas. Una actuación contundente que, sin embargo, no se ve acompañada de la aplicación de alternativas eficaces y mínimamente viables para un colectivo como el de estos trabajadores que, con su esfuerzo, contribuyen de forma decisiva al desarrollo económico de esa comarca andaluza.

Por eso cobra mayor valor si cabe el encuentro previsto para hoy del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, con el secretario general del PP, Antonio Sanz. Sin duda alguna estamos ante una de las previsiones más importantes de esta semana, si se tiene en cuenta que sobre la mesa estará la oferta de diálogo y acuerdo entre la Junta y el principal partido de la oposición en torno a los problemas inherentes a la inmigración en nuestra comunidad.

Como el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pudo comprobar días atrás en su visita a la zona, hacen falta algo más que planes y decretos bien elaborados y cargados de buenas intenciones para solventar esta situación. Si finalmente fragua un entendimiento entre ambas partes, desde luego que las posibilidades y las garantías para llevar a cabo y felizmente estas políticas serán mayores. Otra cosa será comprobar si a esta cita se acude con verdadera intención de consensuar posiciones para afrontar un asunto que pilla de lleno a nuestros ayuntamientos, Administración central y autonómica. Aunque después de lo ocurrido con el pacto de las cajas, roto unilateralmente por el PP tan sólo 14 días después de su firma, cualquier cosa puede suceder.

Igualmente, ha de ser ésta la semana que marque el punto de inflexión en la crisis surgida en El Monte de Sevilla y Huelva y la Caja San Fernando. Todo hace indicar que fracasará el intento del PSOE de forzar una rectificación al Consejo de Administración de El Monte para que se incluya el compromiso de aplicar la renovación de los órganos de gobierno al mismo tiempo que la fusión de ambas entidades. No debe ocurrir lo mismo en la Caja San Fernando, donde su presidente, Juan Manuel López Benjumea, tiene un plazo de sólo cinco días para fijar la reunión del Consejo de Administración con el fin de que proceda de igual forma, según la propuesta conminatoria de su comisión de control.

En el PSOE ya dan por descontado el desgaste político que les puede ocasionar este conflicto, por lo que insistirán en su objetivo, que no es otro que lograr la marcha tanto de López Benjumea como del presidente de El Monte, Isidoro Beneroso, dejando por sentado, eso sí, que siguen apostando por la fusión de las cajas. Con este planteamiento, en las filas socialistas se sitúa ya bajo sospecha todo lo que sean apoyos personales a estos dos mandatarios, cuestionados y proscritos por su propio partido, que guarda celosamente otras medidas a desarrollar a lo largo de estos días contra ellos.

En el ámbito del Gobierno andaluz, en el Consejo de este martes se espera que por fin se dé a conocer el informe encargado por la Junta sobre los efectos del tabaquismo en la sanidad pública andaluza. Un estudio que incluye, además del impacto económico que supone este mal en las arcas públicas, las líneas maestras que han de marcar las acciones judiciales contra las firmas tabaqueras, si es que finalmente no se avienen a negociar con la Administración autonómica una compensación adecuada.