El PSOE acusa al Ejecutivo de regularizaciones 'arbitrarias'
La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, advirtió ayer de los peligros que encierran 'las regularizaciones provinciales encubiertas' que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno. 'Se trata', dijo, 'de un método injusto, arbitrario, discriminatorio e inseguro para los inmigrantes'.
La diputada socialista insistió en la necesidad de abrir un proceso de regularización extraordinario con el fin de que los extranjeros conozcan los requisitos necesarios para residir o trabajar en España y queden al albur de criterios discrecionales de la Administración....
La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, advirtió ayer de los peligros que encierran 'las regularizaciones provinciales encubiertas' que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno. 'Se trata', dijo, 'de un método injusto, arbitrario, discriminatorio e inseguro para los inmigrantes'.
La diputada socialista insistió en la necesidad de abrir un proceso de regularización extraordinario con el fin de que los extranjeros conozcan los requisitos necesarios para residir o trabajar en España y queden al albur de criterios discrecionales de la Administración.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Rumí recordó las regularizaciones abiertas para los ecuatorianos, para los encerrados de Barcelona y la Comunidad Valenciana y para los colombianos, e ironizó: 'No sabemos con cuántos procesos más nos sorprenderá el Gobierno, pero todo parece indicar que vamos camino de 54, previo encierro de los inmigrantes de cada una de las provincias españolas'.
La diputada socialista atribuyó la estrategia del Ejecutivo central al 'estilo' del nuevo ministro del Interior, Mariano Rajoy, al que calificó como 'un bombero que se apresura a apagar los fuegos que, como buen pirómano, enciende su delegado del Gobierno, Enrique Fernández-Miranda'.
Para Rumí, el Gobierno dio a luz una Ley de Extranjería injusta, tras la que ha decidido no aprobar más normas y actuar por la vía de los hechos. 'Por eso rechaza la regularización de todas las personas que estuvieran en España antes del 23 de enero y tengan una oferta de trabajo, como le hemos propuesto. Hoy se ve obligado a dar papeles, pero sin ningún tipo de garantía. Amparándose en la ley puede abrir o cerrar el grifo según convenga a sus intereses'.