Saucedo denuncia 'falta de voluntad' para derribar el hotel de Atlanterra
El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Sebastián Saucedo, denunció ayer la 'falta de voluntad política' del Gobierno de Madrid en la aplicación del expediente de derribo del hotel de Atlanterra, un inmueble construido en primera línea de playa en Zahara de los Atunes (Cádiz), pero cuya obra nunca se concluyó. Saucedo explicó que el edificio está sobre suelo de dominio marítimo terrestre, según ha reconocido recientemente el propio director general de Costas, José Trigueros, y con el trámite de demolición concluido.
El representante del Gobierno central ha justi...
El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Sebastián Saucedo, denunció ayer la 'falta de voluntad política' del Gobierno de Madrid en la aplicación del expediente de derribo del hotel de Atlanterra, un inmueble construido en primera línea de playa en Zahara de los Atunes (Cádiz), pero cuya obra nunca se concluyó. Saucedo explicó que el edificio está sobre suelo de dominio marítimo terrestre, según ha reconocido recientemente el propio director general de Costas, José Trigueros, y con el trámite de demolición concluido.
El representante del Gobierno central ha justificado el retraso en la dificultad de establecer qué entidad es responsable actualmente del inmueble, una excusa que Saucedo no consideró suficiente para impedir la aplicación de la ley de costas, que prohíbe el desarrollo inmobiliario de este suelo. El delegado aseguró ayer: 'Eso tiene solución, siempre que exista determinación política para hacerlo'.
Saucedo destacó 'la necesidad de actuar' y el 'valor ejemplarizante' que le está encomendado a las administraciones en la protección de la franja litoral, para evitar 'la indisciplina' de los crecimientos urbanos ilegales.
El pronunciamiento del responsable andaluz se produce en medio de una operación de derribo de viviendas ilegales que la Junta inició esta semana con la demolición de una construcción en El Palmar (Vejer de la Frontera, Cádiz) a pesar de la oposición de los vecinos de la zona.
Los ecologistas han aplaudido la acción de la Junta, pero han pedido que las acciones administrativas no sólo repercutan sobre pequeños propietarios, sino también sobre las empresas inmobiliarias con intereses ilegales en la zona.