Trasladados desde Tenerife a Fuerteventura los subsaharianos que llegaron en un barco lituano

El traslado a Fuerteventura de los 75 inmigrantes -sus órdenes de expulsión ya han comenzado a tramitarse- fue decidido ayer tras la orden del juez de que fueran trasladados a un centro de estancia temporal de inmigrantes, en espera de que se resuelva su situación legal. Hasta ese momento habían permanecido durante casi tres días (el máximo permitido por la ley) encerrados en unas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife en unas condiciones higiénicas que, según los responsables de Cruz Roja, no eran las más adecuadas. En los últimos días se había barajado también ...

El traslado a Fuerteventura de los 75 inmigrantes -sus órdenes de expulsión ya han comenzado a tramitarse- fue decidido ayer tras la orden del juez de que fueran trasladados a un centro de estancia temporal de inmigrantes, en espera de que se resuelva su situación legal. Hasta ese momento habían permanecido durante casi tres días (el máximo permitido por la ley) encerrados en unas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife en unas condiciones higiénicas que, según los responsables de Cruz Roja, no eran las más adecuadas. En los últimos días se había barajado también la posibilidad de trasladarlos a otros centros de Gran Canaria, e incluso de Ceuta y Melilla, debido a que en Tenerife no existe ningún tipo de infraestructura para atender una situación de estas características. Fuentes policiales citadas por Efe dudaban sobre si los 33 inmigrantes restantes serán trasladados a Gran Canaria o tambíen a Fuerteventura.

Por otra parte, la subdelegada del Gobierno en Tenerife, Pilar Merino, confirmó que el patrón y los miembros de la tripulación del pesquero de bandera lituana Ashva han ingresado, tras haber declarado ante el juez, en la prisión Tenerife II, acusados de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Al final se ha podido comprobar que los miembros de la tripulación eran nueve, y no 12 como se dijo en un principio, ya que tres de los senegaleses que se contabilizaron como tripulantes son inmigrantes irregulares que ayudaban durante la travesía desde el puerto de Freetown, en Sierra Leona, hasta Santa Cruz de Tenerife.

El traslado de los sin papeles, procedentes casi todos ellos de Sierra Leona y Senegal, aunque también hay alguno de Burundi, Liberia o Ruanda, se prolongó durante toda la jornada, ya que fueron divididos en cinco grupos de 15 personas para viajar, por vía aérea, hasta Fuerteventura. Una vez en esa isla quedaron instalados en el centro de internamiento que hace unos años se habilitó en la antigua terminal del aeropuerto cuando creció la llegada a Canarias de inmigrantes desde las costas occidentales de África.

400 camas

Estas instalaciones cuentan con 400 camas y algún servicio complementario, pero la Fiscalía de Extranjería del Tribunal Superior de Justicia de Canarias denunciaba en su Memoria de 2000 que no es un lugar apropiado. En principio, los inmigrantes deberían permanecer en ese centro, que se denomina de rechazados, de forma provisional hasta poder entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Gran Canaria, o en los que están preparados en Ceuta y Melilla.

Los inmigrantes, cuya orden de expulsión se tramitó en las horas posteriores a su llegada a Tenerife, pueden permanecer retenidos durante un máximo de 40 días, tras los cuales deben quedar en libertad puesto que no han cometido ningún delito. La falta de centros en Canarias ha provocado en numerosas ocasiones que incluso sin agotarse ese plazo numerosos inmigrantes hayan quedado en la calle, aunque de forma totalmente irregular puesto que carecen de documentación.

Pilar Merino reconoció que la llegada de un contingente tan amplio de inmigrantes a Tenerife, donde no es muy habitual que ocurra, ha cogido desprevenidos a todos, ya que no hay centros de acogida preparados y los que hay en otras islas del archipiélago suelen estar llenos.

Coalición Canaria ya ha solicitado al Gobierno central que aporte los medios necesarios para poder atender las necesidades creadas en las islas.