Tabares y Lagier serán juzgados por el 'caso Ivex' y deberán pagar 585 millones de fianza
El magistrado reitera que no ve delito pero abre vista oral porque la Audiencia anuló su archivo
Vicente Ríos ha dictado el auto de apertura de juicio 'por imperativo legal' según explica él mismo en el documento. El juez recuerda que en un auto fechado el 30 de octubre del año pasado 'ya expresó su convicción' de que 'los hechos investigados no eran constitutivos de infracción penal'. La decisión de la Audiencia de Valencia de revocar dicho auto el pasado día 8 de febrero, después de estimar el recurso de la Generalitat contra el archivo, y la no divergencia de las acusaciones representadas por la Generalitat, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y el ministerio fiscal, oblig...
Vicente Ríos ha dictado el auto de apertura de juicio 'por imperativo legal' según explica él mismo en el documento. El juez recuerda que en un auto fechado el 30 de octubre del año pasado 'ya expresó su convicción' de que 'los hechos investigados no eran constitutivos de infracción penal'. La decisión de la Audiencia de Valencia de revocar dicho auto el pasado día 8 de febrero, después de estimar el recurso de la Generalitat contra el archivo, y la no divergencia de las acusaciones representadas por la Generalitat, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y el ministerio fiscal, obligan al juez a ordenar la apertura del juicio contra Tabares y Lagier.
El juez exige a los dos acusados que depositen una fianza de 585.324.476 pesetas que deberán pagar, o avalar, en un plazo de 24 horas y, en caso contrario, sus bienes serán sometidos a embargo, salvo que puedan acreditar testifical y documentalmente su insolvencia. En lo referido a dicha fianza y por lo que respecta a Jean Luc Lagier el juez solicitará a Francia una comisión rogatoria. El auto también requiere a Lagier la entrega en el juzgado de las letras de cambio originales que obran en su poder con aval de José María Tabares y da a los abogados de los acusados un plazo de diez días para que redacten sus escritos de defensa. También el Fortis Bank deberá entregar al juzgado dos letras de cambio que no fueron descontadas por Lagier. Entre la documentación reclamada por el juez a petición de las acusaciones se encuentra la de los historiales penales de los dos procesados si es que existen. Los acusados serán juzgados por un tribunal de la Audiencia de Valencia, ya que la pena solicitada por el ministerio público, cinco años de prisión, es la mayor que puede imponerse por un delito de estafa.
El auto recuerda las peticiones de condena solicitadas por las acusaciones para Tabares y Lagier convencidos de que, de mutuo acuerdo, utilizaron el Ivex para apropiarse de casi 583 millones de pesetas. El Ivex entiende que Tabares es autor de un delito de apropiación indebida o en su caso de administración fraudulenta en el que supuestamente cooperó Lagier y que los dos a su vez son responsables de un delito de falsedad en documento mercantil.
El fiscal pide 6 años de prisión para los acusados por un delito de estafa. Dicho fiscal sustituyó por una baja de enfermedad al fiscal titular del juzgado de instrucción número 15, que solicitó dos veces el archivo del caso. Dicha disparidad de criterio entre el fiscal titular y el fiscal sustituto ha sido calificada en círculos judiciales de 'inusual' ya que lo normal es que en un caso de interinidad se mantegan los criterios del fiscal titular.
La acusación mantiene que desde julio de 1997, fecha en que José María Tabares se hizo cargo del Ivex, éste concedió avales por una cantidad próxima a los 1.500 millones para financiar operaciones de compra y venta de productos entre dos empresas de Lagier con sede en Túnez y la Unión Europea con la finalidad de generar derechos de exportación de vehículos Ford al país magrebí. La operación generó un agujero económico al Ivex de más de mil millones de pesetas, de los que casi seiscientos millones habrían ido a parar a Lagier y Tabares. El juez Ríos considera, no obstante, que si bien la operación era de alto riesgo, los acusados no se apoderaron de ningún dinero y Tabares actuó siempre con conocimiento de la Generalitat y del consejo del Ivex. Un argumento que mantienen también las defensas de los dos acusados.