Abogados de oficio
En relación con el artículo aparecido en EL PAÍS del pasado domingo 18 de febrero sobre don Luis Martí, decano del Colegio de Abogados de Madrid, esta Asociación Libre de Abogados quisiera manifestar lo siguiente:
Más que aclarar a la opinión pública lo que representa el Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecen por encima del 50% de los letrados colegiados en toda España, lo que hace el citado artículo es propaganda a favor de su decano.
En cuanto al turno de oficio, sería más ilustrativo para quienes leen su periódico sin estar versados en el tema el aclarar que somos el...
En relación con el artículo aparecido en EL PAÍS del pasado domingo 18 de febrero sobre don Luis Martí, decano del Colegio de Abogados de Madrid, esta Asociación Libre de Abogados quisiera manifestar lo siguiente:
Más que aclarar a la opinión pública lo que representa el Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecen por encima del 50% de los letrados colegiados en toda España, lo que hace el citado artículo es propaganda a favor de su decano.
En cuanto al turno de oficio, sería más ilustrativo para quienes leen su periódico sin estar versados en el tema el aclarar que somos el país de la Unión Europea que peor paga a sus abogados (en Madrid y provincias, que no tienen transferidas las competencias de Justicia, mucho peor que en Cataluña, Euskadi y comunidades autónomas, que sí las tienen). Hasta enero pasado, un abogado de oficio percibía 27.000 pesetas brutas por un procedimiento abreviado (el más utilizado en penal, previsto para penas de entre 6 y 12 años), 32.000 por un procedimiento completo de familia y 15.000 por un recurso de apelación, que puede durar de año y pico a tres años. El decreto de 1 de diciembre de 2000 ha supuesto un aumento medio (el primero desde 1996) de un 7% en algunos procedimientos penales, dejando inalterable el resto. Es decir, el mandato constitucional de gratuidad de la justicia sigue cumpliéndose a costa de los sufridos abogados de oficio, sin que ni el Colegio de Madrid, ni el Consejo General de la Abogacía ni el Ministerio de Justicia hagan nada por dignificar la situación, salvo declaraciones rimbombantes ante los medios de comunicación periódicamente.
Si comparamos los presupuestos del año pasado y los del actual para el turno de oficio, vemos que las cantidades son las mismas, con lo que no sólo se incumplen las promesas hechas por el ministro de Justicia a esta asociación, sino que no se ha previsto dotación alguna para los nuevos servicios creados (violencia doméstica).
¿Cómo se pretende mejorar así las prestaciones que se ofrecen? Los medios de comunicación, por su parte, más que contribuir a solventar el problema lo que hacen es extender la idea de que los abogados de oficio (que obviamente también en otros casos ejercemos como abogados privados) somos unas nulidades, cuando, en realidad, gracias a esos héroes anónimos y cotidianos mal considerados y peor pagados que son los abogados de oficio muchos ciudadanos reciben una defensa digna y gratuita.
¿Para cuándo una mayor colaboración de prensa, radio y televisión, en lugar de denigrarnos las más de las veces sin tener idea de lo que se dice?-