El Gobierno andaluz lleva por quinta vez los PGE al Constitucional por la financiación

La portavoz del Gobierno andaluz, Monserrat Badía, explicó que el recurso de 2001 -pendiente del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía- señala los mismos motivos de inconstitucionalidad que ya justificaron anteriores recursos contra los Presupuestos Generales de 1997, 1998, 1999 y 2000, que abarcan el quinquenio del actual modelo de financiación 1997-2001. Los razonamientos jurídicos son: vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, solidaridad, territorialidad, coordinación con la Hacienda Estatal, libertad de circulación y establecimiento...

La portavoz del Gobierno andaluz, Monserrat Badía, explicó que el recurso de 2001 -pendiente del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía- señala los mismos motivos de inconstitucionalidad que ya justificaron anteriores recursos contra los Presupuestos Generales de 1997, 1998, 1999 y 2000, que abarcan el quinquenio del actual modelo de financiación 1997-2001. Los razonamientos jurídicos son: vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, solidaridad, territorialidad, coordinación con la Hacienda Estatal, libertad de circulación y establecimiento de bienes y personas, igualdad básica de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes constitucionales y proscripción de privilegios económicos y sociales.

El presupuesto de 2001 es el último en el que rige el actual modelo de financiación autonómica, que ha sido repetidamente criticado por el Gobierno andaluz desde su implantación por considerarlo lesivo para los intereses de la comunidad. En 1996, el Gobierno de José María Aznar pactó con Convergència i Unió un sistema que contemplaba como principal novedad la cesión de un 30% del IRPF a las autonomías.

Censo

El Ejecutivo de Manuel Chaves rechazó entonces este modelo y Aznar decidió aplicar de forma unilateral a Andalucía el sistema vigente entre 1992 y 1996. En estos cinco años, el Gobierno y el Parlamento andaluz han recurrido sistemáticamente los presupuestos del Estado ante el Tribunal Constitucional. Dos han sido las cuestiones básicas: el no reconocimiento de la población real de Andalucía a efectos financieros (más de 383.000 andaluces no son contabilizados al usar el padrón de 1988 en vez del censo de 1996) y la aplicación unilateral por parte del Gobierno del criterio de evolución que sirve para calcular la PIE de Andalucía. La PIE es la parte fundamental de los ingresos de la comunidad: en 2001, de los 2,8 billones del presupuesto andaluz, 856.410 millones corresponden a la PIE.

En este quinquenio, el Gobierno central ha hecho crecer anualmente la PIE de Andalucía conforme al PIB nominal (el incremento del PIB más la inflación), mientras que a las comunidades acogidas al sistema de financiación les ha aplicado como regla de evolución los Ingresos Tributarios del Estado (ITAE). Esta regla, que consiste en lo que ingresa el Estado por la suma de los impuestos directos e indirectos menos aquellos que están cedidos, ha sido mucho más favorable ya que su crecimiento ha sido muy superior en este tiempo al PIB nominal.

Se han dado muchas cifras sobre el impacto del sistema. La portavoz del Gobierno autonómico afirmó ayer que, según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Magdalena Álvarez, la pérdida de Andalucía en ese ciclo concreto es de 770.000 millones de pesetas (4.627 millones de euros).

El Gobierno autonómico, además, decidió recientemente presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar al Ejecutivo central la liquidación de la PIE de 1999. En cada ejercicio, Andalucía recibe el 98% de la PIE como previsión, y el 2% restante (liquidación) debe abonarse al año siguiente. El Gobierno, según la Junta, no ha pagado ninguna de las liquidaciones presupuestarias desde 1997, lo que suma una duda de 43.000 millones.

En las próximas semanas el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que negociar el modelo que estará vigente en el período 2002-2006.