Tribuna:CARTAS AL DIRECTOR

Estigma racial

En los casi 18 años que vivo en España, los últimos seis como español, sólo durante unos meses carecí de status legal, pues había sido informado del inminente primer proceso de regularización de extranjeros (1991) y de la conveniencia al efecto de no renovar mi permiso de permanencia como sempiterno estudiante. Ocurrió por aquel entonces que estando en una parada de autobús, junto a dos personas de raza negra, se detiene un coche de la Policía Nacional, bajan sus ocupantes y solicitan a las antes mencionadas su documentación, quienes protestan porque sólo se les exige a ellas, y no a mí...

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En los casi 18 años que vivo en España, los últimos seis como español, sólo durante unos meses carecí de status legal, pues había sido informado del inminente primer proceso de regularización de extranjeros (1991) y de la conveniencia al efecto de no renovar mi permiso de permanencia como sempiterno estudiante. Ocurrió por aquel entonces que estando en una parada de autobús, junto a dos personas de raza negra, se detiene un coche de la Policía Nacional, bajan sus ocupantes y solicitan a las antes mencionadas su documentación, quienes protestan porque sólo se les exige a ellas, y no a mí también. Los policías me miraron sonrientes e insistieron en que mostraran sus papeles, cosa que hicieron en silencio. Ambas tenían sus respectivos DNI, y los policías se marcharon no sin antes estudiarlos detenidamente. Quizás, como afirma la sentencia del TC del 29 de enero y que recogía el otro día la contraportada de EL PAÍS, La raza, motivo para el control policial, los policías de mi anécdota obraban convencidos 'del criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad' de que esas dos personas no fueran españolas. Se equivocaron; la probabilidad, por el contrario, jugó a mi favor. Tanto hoy como ayer, en España resulta una suerte no ser ni indígena ni negro, ni asiático ni blanco caucásico, ni de aspecto magrebí, y particularmente ahora, en medio de una crisis de inmigración irregular y que el Tribunal Constitucional convierte oportunamente una discutible orden del Ministerio del Interior en doctrina constitucional. En la cada vez mayor sociedad multirracial española, no todos son constitucionalmente iguales ante la policía, unos siempre serán presuntos extranjeros: portadores de un estigma racial.-

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