Toda la oposición excepto el PP insta a la disolución del Ayuntamiento
Toda la oposición municipal, a excepción del PP, anunció ayer su intención de pedir la disolución del Ayuntamiento de Marbella, donde el GIL sacó en las últimas elecciones 15 concejales, 5 el PSOE, 3 el PP y 2 el PA. La portavoz socialista Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández se adhirieron a la propuesta lanzada hace varias semanas por el diputado de IU José Luis Centella para que el Congreso pida una disolución de la que no existen precedentes. Fernández animó a los concejales del GIL a que se pasen al Grupo Mixto, y 'no sigan siendo cómplices del saqueo permanente del Ayu...
Toda la oposición municipal, a excepción del PP, anunció ayer su intención de pedir la disolución del Ayuntamiento de Marbella, donde el GIL sacó en las últimas elecciones 15 concejales, 5 el PSOE, 3 el PP y 2 el PA. La portavoz socialista Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández se adhirieron a la propuesta lanzada hace varias semanas por el diputado de IU José Luis Centella para que el Congreso pida una disolución de la que no existen precedentes. Fernández animó a los concejales del GIL a que se pasen al Grupo Mixto, y 'no sigan siendo cómplices del saqueo permanente del Ayuntamiento'. La única voz discordante ha sido la presidenta del PP local, Angeles Muñoz, que considera que esta medida 'ocasionaría un grave perjuicio al municipio'.
La Ley de Bases de Régimen Local prevé que el Consejo de Ministros disuelva una corporación 'en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus deberes constitucionales'. Esa decisión la puede tomar el Gobierno a iniciativa propia y con conocimiento del Ejecutivo de la comunidad autónoma, o bien a solicitud de éste, y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado. Por eso la diputada Inmaculada Gálvez, de Los Verdes, encuadrada en el Grupo Socialista del Parlamento andaluz, anunció que presentará el lunes una proposición no de ley para pedir al Ejecutivo autonómico que inste la disolución en Marbella.