El litoral alicantino se convierte en un nuevo punto de entrada de hachís hacia Europa
La Guardia Civil ha interceptado este año 16 toneladas de droga y detenido a 30 traficantes
La operación yama (plan antidroga previsto por el Ministerio de Interior para atajar la entrada de hachís por vía marítima) se ha saldado en la provincia de Alicante con una treintena de detenidos y la intervención de más de 16 toneladas de hachís a lo largo de este año. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Luis Garrido, ha anunciado que la Comandacia de la Guardia Civil de Alicante contará con un "incremento" de los medios técnicos en 2001. Esta zona del litoral mediterráneo se ha convertido en uno de los puntos más importantes del narcotráfico.
La operación yama se implantó...
La operación yama (plan antidroga previsto por el Ministerio de Interior para atajar la entrada de hachís por vía marítima) se ha saldado en la provincia de Alicante con una treintena de detenidos y la intervención de más de 16 toneladas de hachís a lo largo de este año. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Luis Garrido, ha anunciado que la Comandacia de la Guardia Civil de Alicante contará con un "incremento" de los medios técnicos en 2001. Esta zona del litoral mediterráneo se ha convertido en uno de los puntos más importantes del narcotráfico.
La operación yama se implantó con motivo de la "gran presión" policial establecida en el estrecho de Gibraltar, Cádiz y Málaga en los últimos años. Esta circunstancia obligó a los traficantes a cambiar de ruta para introducir los alijos en Europa. De este modo, el litoral valenciano se convierte en una vía fácil de acceso para los camellos, según explicó el subdelegado del Gobierno en Alicante. Tras analizar la situación, el Ministerio de Interior aplicó este "ambicioso" plan antidroga con el fin de atajar la introducción de hachís por vía marítima. Desde su puesta en marcha, el pasado 30 de enero, la operación yama se ha saldado con cerca de 30 detenidos, un muerto, y la incautación de más de 16 toneladas de hachís, además de la localización de una quincena de embarcaciones náuticas.La aparición continuada de embarcaciones abandonadas en el litoral mediterráneo durante 1999 alertó a los agentes de la Guardia Civil, quienes rápidamente lo pusieron en conocimiento del Gobierno central. Las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) de la Guardia Civil desecharon la posibilidad de que estas embarcaciones fueran utilizadas para el desembarco de inmigrantes ilegales. Fue entonces cuando la Administración central puso en marcha este dispositivo especial.
Los traficantes de hachís se agrupan en redes, integrados por europeos y árabes, perfectamente coordinados entre sí. El "componente árabe suele utilizarse como mano de obra barata y ocasional", según señalaron fuentes del GIFA. El modo de proceder de los camellos para la introducción de drogas blandas consiste en la contratación de expertos pilotos que a bordo de una lancha, tipo zódiac, son capaces de navegar entre seis y siete horas "de un tirón". Se han descubierto casos de pilotos que han llegado incluso hasta las costas del sur de Cataluña. Estas lanchas, valoradas entre diez y doce millones de pesetas, poseen cerca de 10 metros de eslora, están impulsadas por motores de 200 caballos de vapor, y cuentan con tanques de combustible auxiliares. Los pilotos parten hacia el litoral aprovechando las últimas horas del día, y navegan durante la noche. "Manejan el GPS como los ángeles", afirmaron fuentes de la Guardia Civil. Cada una de estas embarcaciones, que normalmente llevan a un solo tripulante, transporta entre 1.500 y 2.000 kilos de hachís, repartidos entre 50 y 60 fardos de unos 30 kilogramos cada uno. Cuando llegan al litoral, vigilantes y portadores se aseguran de que el material llegue a los distribuidores. Fuentes de la Guardia Civil precisaron que la operación de desembarco de los fardos a tierra puede alcanzar un tiempo máximo de siete minutos.
Fuentes de la Guardia Civil expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos hasta la fecha, pese a las limitaciones en cuanto al número de efectivos que actualmente integran el GIFA. Sin embargo, consideraron que la labor de contención no es suficiente, "para desmantelar estas redes que manejan miles de millones de pesetas".
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