Rey felizmente derogado FRANCESC DE CARRERAS
El monarca que hace 25 años fue proclamado rey ante las Cortes franquistas no es el actual rey felizmente reinante, sino que es un rey felizmente derogado por la Constitución. Este es el grave error constitucional del solemne acto que se celebró ayer en el Palacio de las Cortes.Efectivamente, el rey -entonces y ahora- es un órgano del Estado. Todo órgano tiene como titular a una o a varias personas físicas: desde los más altos cargos a los más modestos funcionarios. Ante un acto como el de ayer, hay que preguntarse: ¿estamos conmemorando la proclamación de una persona como rey de un Estado no ...
El monarca que hace 25 años fue proclamado rey ante las Cortes franquistas no es el actual rey felizmente reinante, sino que es un rey felizmente derogado por la Constitución. Este es el grave error constitucional del solemne acto que se celebró ayer en el Palacio de las Cortes.Efectivamente, el rey -entonces y ahora- es un órgano del Estado. Todo órgano tiene como titular a una o a varias personas físicas: desde los más altos cargos a los más modestos funcionarios. Ante un acto como el de ayer, hay que preguntarse: ¿estamos conmemorando la proclamación de una persona como rey de un Estado no democrático o de un rey legitimado por una constitución democrática? Lo seguro es que de lo segundo no hace todavía 25 años.
El rey proclamado hace 25 años lo era de acuerdo con las Leyes Fundamentales entonces vigentes y nada tenía que ver con el actual. Veamos. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado, aprobada en 1967, el rey "personifica la soberanía nacional" y, entre otras competencias, "ejerce el supremo poder político y administrativo", participa del poder legislativo que comparte con una Cortes no democráticas, "ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento" y, según el artículo 13 de la misma Ley Orgánica, dirige "la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros". Ciertamente, era un rey situado en un confuso entramado legal, necesitado del refrendo del Gobierno para la validez de sus actos y sometido a un complicadísimo sistema de consultas y controles que pretendían dejarlo todo atado y bien atado. Pero el contexto en el que actuaba ni era democrático ni en él estaban garantizados los mínimos derechos fundamentales, sino todo lo contrario.
Por tanto, aquel rey no tenía ninguna semejanza con el de hoy, el cual es, simplemente, titular del órgano constitucional Corona, forma actual de la jefatura del Estado, y no ejerce ningún poder jurídico: ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Todo ello en un contexto de democracia, de separación de poderes y de respeto a los derechos fundamentales.
Al decir esto no trato de restar méritos a don Juan Carlos de Borbón. A partir de asumir la condición de rey de acuerdo con la legalidad franquista, es bien sabido que comenzó a urdir una estrategia política y jurídica que, en breve tiempo y sin graves enfrentamientos, condujo a elaborar una Constitución democrática. Creo que la transición política española fue un indudable éxito y si bien don Juan Carlos no fue en modo alguno la causa de que todo ello acabara en una democracia, sin duda fue una de las piezas clave para alcanzarla.
Pero lo que ayer cumplía años era el primer paso de un incierto y complicado camino con muchos finales posibles. Probablemente ya en aquel momento el objetivo del Rey era llegar a una monarquía parlamentaria que fuera homologable con las otras monarquías europeas. Era, sin duda, lo único inteligente. Pero el exacto alcance de este objetivo no lo sabía nadie, ni siquiera el mismo Rey. En este primer paso el Rey no hacía otra cosa que cumplir con una legalidad entonces vigente que era antagónica con la democracia y ello no debe ser objeto, en nuestros tiempos, de ninguna solemne conmemoración.
Por el contrario, desde la legalidad democrática actual, conmemorar tal acto tiende a confundir lo que es sustancial en nuestra actual forma de gobierno -la democracia parlamentaria- con lo que es accidental, producto de un determinado proceso histórico, como es que la jefatura del Estado sea monárquica, es decir, que se transmita por herencia familiar. El acto de ayer hace una muy mala pedagogía de lo que es una monarquía parlamentaria; es decir, de la posibilidad de hacer compatibles monarquía y democracia.
No debemos olvidar que las monarquías, aun las parlamentarias, son algo arcaico en el mundo de hoy, muy difícilmente justificable desde un punto de vista racional. A lo más, se mantienen por no romper una tradición o por la función histórica que en un momento determinado han desempeñado. Desde este último punto de vista, el Monarca español debe estar tranquilo: su posición constitucional se justifica plenamente por su papel en la transición política, en el díficil momento del intento de golpe de Estado del 23-F y también por la capacidad que ha demostrado de mantenerse durante más de 20 años en el estricto papel que le asigna la Constitución.
Hasta ahora, el Rey, en el ejercicio de sus funciones, no había tenido un solo fallo. El primer tropiezo importante es la simbología que transmite el acto de ayer: dar la imagen de que debe su condición de rey al hecho de ser el sucesor de Franco y no a la legitimidad que le otorga una Constitución democrática. Se confundió a la persona con el órgano: hace 25 años no fue proclamado rey el actual monarca. El rey actual lo es desde el 29 de diciembre de 1978. El rey anterior fue derogado expresamente por la disposición derogatoria primera de la Constitución que aquel día entró en vigor. Es en la Constitución y sólo en la Constitución que encuentra el rey actual su legitimidad. Si no fuera así, nuestro Estado no sería democrático.
Se trata de un gravísimo error que, sin duda, hará felices a los sectores de opinión contrarios a la Monarquía. La responsabilidad política de tal error recae, obviamente, en quien refrenda: en el presidente del Gobierno.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.