El Supremo obliga a la industria más importante de Extremadura a devolver los terrenos en donde se ubica
El buque insignia de la industria extremeña se tambalea. El Tribunal Supremo ha declarado no conforme a derecho la desafectación de terrenos de uso agrario que la Junta de Extremadura realizó para poder construir sobre ellos la factoría de Siderurgia Balboa, en Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y ha ordenado que los mismos reviertan a sus antiguos propietarios, según informó ayer el diario Hoy. La empresa, propiedad de Alfonso Gallardo, cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores y factura 40.000 millones. La calificación de los terrenos para uso agrario se remonta a los sese...
El buque insignia de la industria extremeña se tambalea. El Tribunal Supremo ha declarado no conforme a derecho la desafectación de terrenos de uso agrario que la Junta de Extremadura realizó para poder construir sobre ellos la factoría de Siderurgia Balboa, en Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y ha ordenado que los mismos reviertan a sus antiguos propietarios, según informó ayer el diario Hoy. La empresa, propiedad de Alfonso Gallardo, cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores y factura 40.000 millones. La calificación de los terrenos para uso agrario se remonta a los sesenta, en el periodo de expansión del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA). Este organismo expropió esas fincas para transformar los terrenos de secano en regadío y entregar después las parcelas a colonos, según la práctica habitual de la época, siguiendo el modelo del Plan Badajoz.
Alfonso Gallardo, el empresario más importante de Extremadura, originario de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y con una relación muy estrecha con el Gobierno socialista, adquirió una parte de esos terrenos a los herederos de María Martínez Sánchez-Arjona. Pero antes de construir la siderurgia, la Junta hubo de cambiar la calificación del suelo, cambiando la condición de uso agrícola por el de industrial.
Otro empresario de la zona, Juan de Díos Rodríguez-Pina, se opuso a la fórmula adoptada y recurrió hasta llegar al Supremo tras ver desestimado su recurso por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 1995.